Se trataba de un texto que buscaba endurecer la tercería locativa propuesta por Igualdad, incluyendo un «castigo al proxenetismo en general» y ampliando las penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses (está ahora en multas de 6 a 18 meses) y eliminando la referencia a la explotación.
Los socios de Gobierno se oponían a esta iniciativa, ya sea por su posición a favor de esta práctica, como por su postura de tratar la prostitución en otra norma específica. De hecho, formaciones como Junts, ERC, PDeCAT, EH Bildu o PNV habían pactado con Igualdad una enmienda para que las medidas incluidas en la ley sobre tercería locativa se eliminaran.
Sin embargo, el PSOE esperaba contar este miércoles, en la sesión de debate del dictamen de la ponencia de la norma, con el apoyo del PP para sacarla adelante. Algo que finalmente no ha sucedido tras no llegar a un entendimiento con el principal partido de la oposición.
