En un escrito de 112 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE insta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a corregir su auto del pasado viernes, por el que procesó a 8 personas –con el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente regional Beltrán Gutiérrez a la cabeza–, pero archivó para otras 70, la investigación relativa a la presunta ‘caja b’ del PP madrileño, con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011.
La acusación socialista exhorta al instructor a procesar a la práctica totalidad de los exonerados apuntando específicamente a Aguirre y González, además de los ya procesados Granados y Gutiérrez, como las personas que estuvieron «en las posiciones de toma de decisión» durante los años en los que se habría concebido y desplegado este «plan, ideado desde su inicio, para financiar ilegalmente al PP».
Para el PSOE, no hay duda de que ese «plan» se inició con la llegada de Aguirre a la Presidencia en las elecciones de 2003, ante la «necesidad de proceder al pago de los gastos electorales extraordinarios en los que se había incurrido», y de que se prolongó en el tiempo «para ir sufragando los sucesivos actos, ya fuesen electorales o no, pero para los que no se reparaba en gastos».
El partido que lidera Pedro Sánchez señala que «las campañas electorales fueron el momento en que se pusieron en acción todos los recursos obtenidos con anterioridad» gracias a esta supuesta maquinaria delictiva. Son esos mismos recursos, mantiene, los que permitieron al PP «acudir a esas campañas en una situación financiera oculta y distinta a la de los demás competidores».
Los socialistas describen una dinámica de «adjudicaciones fraudulentas» de contratos públicos, algunos «fraccionados a propósito para convertirlos en contratos menores», para recompensar a las empresas de la trama que habrían hecho sus aportaciones en ‘b’ al PP regional, así como un enjambre de «empresas-pantalla» para ocultar la ruta del dinero, que también llegaba a los bolsillos de los presuntos conseguidores.
En este sentido, subrayan que «financiación ilegal no es sólo falsear las cuentas electorales o sobrepasar el límite de gasto electoral, sino que para llegar a tal fin debe recaudarse el dinero, lo que en este caso se hace por distintos medios, mediante adjudicación de contratos sin prestación de servicio o sobrevalorados, pagos en metálico, facturación falsa o pago con cargo a otros contratos adjudicados a terceras personas a modo de comisión a favor del PP».
UNA «IGNORANCIA» QUE VE «IMPOSIBLE»
El recurso pone el foco en el archivo para Aguirre y critica que el instructor no explica «qué resultados de la investigación motivan que los claros indicios delictivos que motivaron» su imputación «hayan desaparecido». «Y no lo hace», continúa, «porque nada en la instrucción posterior desmiente o contradice dichos indicios». «Al contrario, los acrecienta», asevera.
Si a ojos del PSOE ya resulta «difícil sostener que Aguirre no sabía qué se tramaba bajo su mandato, lo mismo cabe decir respecto de González». «Su posición, preeminencia e influencia hacen necesaria su participación en los hechos», aducen.
Así, ve «absolutamente contradictorio» que Aguirre y González no conociesen «a quién y cómo se adjudicaban» los contratos publicitarios porque «toda la publicidad se aprobaba y controlaba desde la Presidencia y la Dirección General de Medios, que dependían directamente de González y, a través de él, de Aguirre».
Esto es, para los socialistas, especialmente significativo en el caso de González, cuya «ignorancia» de los supuestos desfalcos «sería imposible» en tanto que se encuentra «en ambos lados del concierto», al adjudicar y decidir «cómo se gasta en campaña electoral».
EL PP NACIONAL, «RESPONSABLE» DE LAS CUENTAS MADRILEÑAS
Combaten igualmente la decisión del juez de rechazar su petición de imputar al PP como partícipe a título lucrativo. En este sentido, no solo piden que le procese como tal por los hechos que tuvieron lugar entre 2003 y 2013, sino además como «responsable penal» por los ocurridos desde 2014 y hasta el final del periodo investigado, cuando se le podría achacar dicha responsabilidad debido a los cambios legales.
García Castellón lo descartó al entender que sería «improcedente» considerar al PP partícipe a título lucrativo porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, «con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses».
El PSOE responde que es «absolutamente falso» que el PP nacional sea una persona jurídica distinta del PP madrileño y para ello pone sobre la mesa los estatutos ‘populares’, conforme a los cuales –expone– Gutiérrez dependía de la Gerencia Nacional y «la presentación de cuentas ha de hacerse de forma consolidada, por lo que el PP debe de integrar y consolidar las cuentas regionales y, por lo tanto, hacerse responsable de las mismas».
A ello anuda que el PP madrileño no era una rama cualquiera, sino una «pieza fundamental del engranaje» sobre la que el control era «mucho más estrecho», de modo que sus «actos y campañas se acordaban desde la planta primera de la sede del PP en Génova 13 y se desarrollaban en la Comunidad de Madrid o en la misma ciudad, donde residían la mayor parte de los líderes nacionales, (…) que no podían ignorar la enorme cantidad de recursos utilizados a tal fin».
Para reforzar sus argumentos, cita los fallos de ‘Gürtel’ que condenan al PP como partícipe a título lucrativo. «La sentencia y la jurisprudencia es clara y contundente, cualquier aportación de dinero ilícito a las cuentas ya sean electorales o a actividades del PP, se produzcan donde se produzcan, benefician al PP y en consecuencia este asume la responsabilidad», zanja.
RECHAZA QUE LOS DELITOS HAYAN PRESCRITO
El PSOE refuta también la premisa fijada por García Castellón que implica asumir que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 están prescritos. El instructor solo vio posible proceder por los de 2011. Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros –los declarados–, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.
Los socialistas estiman que el juez no debió «aplicar automáticamente la prescripción, delito a delito, separadamente, sin tener en cuenta el contexto general y las interrelaciones entre los distintos hechos».
Argumentan que, al existir concurso delictivo, los delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental prescribirían a los 15 años. «Si, además, tenemos en cuenta que dichos delitos concurren en concurso medial del artículo 77 CP, conforme a la reforma del mismo operada en 2010, la pena a imponer podría ser incluso superior a los 15 años, con lo que la prescripción de dichos delitos se produciría por el transcurso de 20 años», añade el PSOE.
De todas formas, entiende que «no es el momento procesal oportuno para hacer un análisis de la prescripción de delitos en los que concurre exasperación de la pena, análisis que solo puede efectuarse en sentencia». Esto, remacha, «refuerza la imposibilidad de una declaración tan precipitada y prematura de la prescripción».
