ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís -junto a Junts, la CUP y el BNG- han defendido en el Congreso la iniciativa presentada en 2020, mientras se mantiene ‘congelada’ la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Consejo de Ministros en julio.
Su idea es incorporar al Código Penal “una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recoge Europa Press.
En concreto, han solicitado introducir un artículo para dejar claro que lo previsto en el Código Penal “no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”.
Este martes, sin embargo, el bloque que ha defendido la proposición no ha logrado convencer al PSOE. El diputado socialista Indalecio Gutiérrez ha mostrado su oposición al considerar que vulnera tres principios básicos: el de legalidad, el de irretroactividad y el de seguridad jurídica.
Ha asegurado que, tras analizar la jurisprudencia, “se generan muchas dudas” acerca de que el derecho internacional ampare la retroactividad que se quiere aplicar a través de esta proposición. En este sentido, ha indicado que, si bien es cierto que el estatuto de la Corte Penal Internacional contiene la regla de imprescriptibilidad, esta también recoge principio de irretroactividad.
A su juicio, “hay que dar seguridad política a la sociedad española, no debilitarla”, y ha aprovechado para conminar a los grupos a aprobar la Ley de Memoria Democrática, reitera la mencionada agencia.
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