Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Adade propone que el exdirigente del PP sea juzgado por un delito continuado de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas y falsedad en documento mercantil.
Adicionalmente, Adade cifra en 15.214.833,49 euros su responsabilidad civil en los hechos. Todo ello por la adjudicación presuntamente irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Valdemoro –donde Granados fue alcalde– Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
Para el exsenador de los ‘populares’ David Erguido, Adade pide 13 años y seis meses de prisión por los mismos delitos que se le imputan a Granados, además de una multa de 1.945.946,14 euros por su etapa como concejal de Algete.
El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dio por concluida la instrucción de la pieza número 7 de ‘Púnica’ procesando a quince personas y archivando la investigación para más de treinta personas que estaban imputadas en el procedimiento.
Entre los procesados se encuentran los ex alcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los ex ediles de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; los ex regidores María Ángeles Herrera (Ciempozuelos); Inmaculada Juárez (Algete); y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio).
31 MILLONES EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Completan la lista de procesados la ex directora general de la empresa pública Arpegio Carmen Plata; los ex jefes de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero; y los ex concejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).
Las peticiones van desde los cuatro años de prisión que se solicitan para Plata por malversación de caudales públicos hasta los 13 y medio que proponen para Del Triunfo. Adade cifra en cerca de 16 millones de euros la responsabilidad civil total para todos ellos, que asciende a los 31 millones con la parte de Granados.
Adade ve acreditado que Granados se sirvió de su previa amistad y confianza con Huerta para establecer el plan de contratación fraudulenta. «Sin la presencia, influencia, conocimiento y consentimiento de Francisco Granados estas adjudicaciones no hubieran tenido lugar», apuntan.
Por otro lado, la acusación popular cree que la formación que lidera Pablo Casado debería responder como responsable a título lucrativo. «Los acontecimientos aquí relatados, celebrados por y para el Partido Popular, y que esta formación política no pagó, ya que el coste fue asumido por José Luis Huerta Valbuena, suman 241.851,28 euros», explican.
En esta línea, Adade señala que el Partido Popular se «benefició» de ese importe, «obteniendo así un enriquecimiento injusto, y por el que deberá responder» ante la Justicia.
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