“La apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación del mercado inmobiliario ha provocado una situación de crisis habitacional. Una crisis que es múltiple y está causada por un modelo inmobiliario que antepone la vivienda como inversión al derecho ciudadano”. Así lo denuncia Sumar en su epígrafe ‘Derecho a la vivienda’ dentro de su programa de 185 páginas, en el que defiende que “la crisis de la vivienda no es solo una crisis social, sino también climática, pues cuenta con un parque de vivienda muy envejecido e ineficiente energéticamente”.
Para la coalición, el problema principal es la “dificultad del acceso a la vivienda como consecuencia de los elevados precios, sea en compra o en alquiler”. “La vivienda es cada día más inasequible para la mayoría de la sociedad”, remarca la coalición, para quien “la actual combinación de precariedad laboral y vivienda inasequible produce en estos momentos inseguridad residencial”.
Tras recordar la aprobación reciente de la primera Ley de Derecho a la Vivienda, admite que “quedan muchos elementos pendientes y necesitamos hacer que dicha ley se cumpla”. Ante esto, plantea todo un conjunto de iniciativas, como la necesidad de aumentar la inversión. A esto hay que unir, medidas en materia fiscal que incluyan “condicionar los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades para las SOCIMIS, EDAVS, y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen”.
Venta de suelo público, alquiler turístico, duración de contratos…
Un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización “ociosos”, prohibir “de forma expresa” la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones (específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa) o condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma en áreas de mercado tensionado, son otros de sus compromisos.
Sumar también aboga en su programa por limitar el alquiler turístico, de habitaciones y de temporada “para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda” y aumentar la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos “con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario”.
Además, promete impulsar un registro de viviendas vacías y modificar la citada Ley de Vivienda para incluir, entre otras cosas, el alquiler social obligatorio para grandes tenedores. En su ‘oferta’ electoral se incluye también un bono de emergencia de 1.000 euros para los hogares hipotecados a tipo variable “para la compra de su vivienda habitual que sufren la fuerte alza de los tipos de interés decidida por el BCE”.
Portabilidad de hipotecas
Respecto a esto último, Sumar quiere establecer de “forma obligatoria” la portabilidad de hipotecas. “Las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE”, afirma, “están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos variables”. En este sentido, La propuesta de portabilidad de tipo variable a tipo fijo pretende “romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha creado el sector para maximizar beneficios”.
“Se trata, siguiendo la estela de la portabilidad telefónica que tan buenos resultados ha dado, de promover la portabilidad de hipotecas —por novación o subrogación—, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario y los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir optar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades”, detalla en el documento.
Precios de referencia
En materia de vivienda expone su deseo de establecer precios de referencia para “mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías”. “La primera de ellas”, expone, “es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España”.
La segunda pasa por fijar unos precios de referencia para las zonas tensionadas “equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el Impuesto de Sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia”.
El programa incluye, además, la creación de un banco público “para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas”, y la construcción, en menos de diez años, de un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles.
