Consejo General Poder Judicial
El Pleno aprobó, a propuesta de 8 vocales conservadores y con el voto de éstos más un noveno, cinco en contra de vocales progresistas y el voto en blanco de Guilarte, una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la “abolición” del Estado de Derecho.
“Al día de hoy entiendo que en tanto no se plasme la hipotética decisión sobre la amnistía en un anteproyecto o proposición de ley es prematuro un pronunciamiento del CGPJ, pues su intervención pudiera entenderse como la de un sujeto activo del debate político”, ha dicho en un escrito conocido este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, subraya que “la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: Es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el CGPJ evitemos la injerencia en la actividad política”.
No obstante, deja claro que, a su juicio, resulta “indeclinable misión del CGPJ la defensa de la actuación de los órganos jurisdiccionales”, una defensa que –avanza—“deberá proyectarse sobre cualquier actividad futura de los órganos jurisdiccionales en relación con este tema”.
En concreto, afirma que tanto el Tribunal Supremo como “los restantes órganos judiciales cuyas decisiones puedan verse alcanzadas por la hipotética ley de amnistía” han tenido una “actividad ejemplar, conforme a la legalidad entonces vigente, que en ningún caso puede verse deslegitimada por normativa posterior”.
“Desde esta perspectiva mi voto en blanco obedecería no tanto a un problema de falta de legitimidad para valorar la declaración institucional como de oportunidad”, aclara.
A su juicio, la declaración aprobada “refleja, se quiera o no, la posición de uno de los actores políticos del sistema, crítica con la de su oponente, y, consecuentemente, dada la dramática bipolarización existente, su aceptación implica fatalmente un posicionamiento institucional a favor de una opción política cuando aún no existe una proposición o anteproyecto en que se plasmen los intuidos peligros que para la independencia judicial puedan acaecer”.
Para Guilarte, el respeto a la independencia judicial hace que “desde esta lógica” resulte “más oportuno” evitar “hoy” el pronunciamiento del CGPJ, de igual manera que asegura que se “mostraría contrario, quizás más acusadamente, a una hipotética declaración con la que se pretendiera defender preventivamente la normativa anunciada”.
Así, avisa de que “la relatada oportunidad es susceptible de llegar a revisarse en función de los futuros acontecimientos”. “Y ello sin perjuicio de que, como sería deseable, por las Cámaras, o alguna de ellas, pueda recabarse informe de este CGPJ sobre una futura ley”, reclama.
Por otro lado, reivindica que “el Pleno del CGPJ está plenamente legitimado ‘in abstracto’ para valorar cuantas cuestiones entienda vinculadas con la actividad de los órganos jurisdiccionales, como en otras ocasiones ya ha acaecido”.
“Desde esa perspectiva discrepo frontalmente de la pretendida deslegitimación que se hace derivar de la situación de prórroga en la que nos tienen inmersos: mucho más si la crítica surge de quien es, a la vez, partícipe mediato de la falta de renovación”, reprocha.
Sin embargo, el jefe del órgano de gobierno de los jueces asume que “la declaración propiciada no ayuda a fomentar un consenso, al menos en materia de justicia, que ayude a la renovación del CGPJ”.
“Y ello es así desde el momento en que entiendo que tal renovación debe guiar la conducta de este CGPJ buscando una fórmula que, adicionalmente, despeje por fin los problemas que el actual sistema de designación está determinando. Finalidad para cuya consecución proyectaré mis afanes”, insiste.
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