El presidente de Vitalia Home apuesta por las residencias del futuro con mayor coordinación con los servicios sanitarios

En este sentido, señaló que Vitalia Home trabaja para definir las residencias del futuro y ha obtenido el certificado ‘Clean Site’ de Bureau Veritas como edificios protegidos frente al virus.

Cosculluela subrayó en una entrevista concedida a la publicación sectorial ‘Dependencia.info’ la importancia y la labor social de las residencias y aseguró que “el sector residencial tiene que evolucionar hacia un modelo de atención en pequeñas unidades de convivencia organizadas por grados de afinidad personal y amistad, dotadas de los necesarios avances tecnológicos para que los mayores puedan vivir libremente sin ningún tipo de sujeciones físicas ni químicas, y en las que además de atender sus necesidades básicas de la vida diaria se dedique especial atención a su realización, con oportunidades para realizar su proyecto vital, y a su felicidad personal”.

Considera, asimismo, que las residencias son un sector fuerte “a pesar de la incidencia tan negativa que está teniendo el Covid-19, tanto a nivel de usuarios como de incremento de costes, y también en materia de imagen por el trato recibido por parte de algunos sectores radicalizados”.

Como consecuencia de la situación vivida en esta crisis del coronavirus, pide una mayor coordinación con las administraciones públicas. “Es necesario una buena coordinación con los servicios sanitarios, a nivel de atención primaria y hospitalaria. Pero también hemos aprendido, o mejor, hemos reafirmado la importancia de algunas cosas en las que ya estábamos comprometidos, como el contacto estrecho con los familiares, la motivación de los trabajadores… Y, por supuesto, la necesidad de que la sociedad conozca la realidad de los centros residenciales, para evitar que personas interesadas creen una mala imagen con mitos que no responden a la realidad”, explica.

La Ley de Dependencia, en su opinión “muy positiva”, debe resolver el problema de la financiación. Por ello, señala que “si algo hay que modificar en esta ley es asegurar su financiación; si no es así, ya estamos viendo cómo las comunidades autónomas están al límite de sus posibilidades, y esto genera que más de 400.000 personas actualmente estén a la espera de ser valorados o atendidos; y que, a pesar de ellos, en los últimos meses incluso haya 15.000 personas menos atendidas en centros residenciales”.