El documento examina, entre otros, los llamados “medicamentos de alto impacto presupuestario “ (o de altos precios) que se han aprobado en España durante la pandemia de la Covid-19, entre 2020 y octubre de 2021. En total, son 11 los fármacos de este tipo que han comenzado a ser financiados por el Sistema Nacional de Salud, según las notas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), el órgano encargado de aprobar la financiación pública de los fármacos.
Precisamente por su alto coste, todos ellos son sometidos por el Ministerio de Sanidad a un seguimiento especial a través de una herramienta, llamada Valtermed, que se encarga de evaluar sus resultados.
Entre los casos que analiza el documento, el más destacado es el ‘Zolgensma’, un fármaco para la atrofia muscular espinal, aprobado en 2021, que se administra una sola vez y cuyo precio por paciente alcanza los dos millones de euros.
El medicamento es comercializado por la farmacéutica Novartis, pero su origen está en las investigaciones que durante años se desarrollaron en centros de investigación sin ánimo de lucro y en universidades con financiación pública y filantrópica.
“Si tenemos en cuenta el precio por paciente y el número de personas que podrían ser tratados con este fármaco (la llamada población diana), en España el coste para las arcas públicas oscila entre los 28 y 35 millones de euros al año”, aseguraron.
No obstante, recordó que aunque ‘Zolgensma’ es conocido como el fármaco más caro del mundo, existe ya otro medicamento en el mercado con un precio mayor. Se trata del ‘Libmeldy’, para pacientes con leucodistrofia metacromática, una enfermedad rara hereditaria.
Está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento y su aprobación se negocia en varios países europeos, pero aún no ha llegado a España. Su precio estará entre los 2,5 y los 3 millones de euros, según ha anunciado la propia compañía, Orchard Therapeutics, y que también tiene su origen en un centro de investigación público de Milán.
Sobre el caso español, los autores del informe explicaron que en ocasiones, el problema no es solo el precio del medicamento sino el gran número de pacientes que lo recibe, lo que ejemplificaron en el Dupixent, un tratamiento para la dermatitis atópica en adultos, que está comercializado por los laboratorios Regeneron y Sanofi, que fue aprobado en 2021 y hay casi 7500 pacientes que podrían recibir el tratamiento.
Y es que, según los cálculos de ‘No es sano’, el coste por paciente es de 15.734 euros al año, lo que se traduciría en un gasto de 117 millones de euros anuales solo en esta terapia.
El informe también recoge el conocido ‘Spinraza’, un medicamento huérfano para la atrofia medular espinal aprobado en España en 2018, cuyo precio y condiciones han sido revisadas en febrero de 2021. Actualmente, cuesta 419.328 euros durante el primer año y 269.360 euros los siguientes. En cinco años, el tratamiento asciende a 1.496.768 euros por paciente.
Así, la organización concluyó que estos y otros medicamentos analizados en el informe evidencian que este aumento de los precios de los fármacos no solo se da en un grupo de enfermedades con pocos pacientes, sino que, cada vez más, se va haciendo extensivo a otras patologías que afectan a un mayor número de personas; lo que está teniendo un impacto directo en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.
Desde ‘No es sano’ apuntaron al proceso de fijación de precios de los fármacos como causa para que esto ocurra. Según explicó, las compañías farmacéuticas apuestan cada vez más por fijar el precio en función del valor del medicamento y de lo que el regulador -es decir, el Gobierno- esté dispuesto a pagar por él; una forma de hacer el cálculo que da lugar a los altos precios que las compañías justifican recurriendo al ahorro que ese fármaco puede suponer para el sistema sanitario de cada país, pero no desvelan asuntos esenciales como la inversión que han realizado en investigación o sus costes de producción y distribución.
Por ello, ‘No es Sano’ reclamó que los precios de los medicamentos deben fijarse en función de los costes auditados que han supuesto para la compañía, a lo que habría que añadir un margen de beneficio justo y razonable teniendo en cuenta también otros elementos como la inversión pública que hay en cada producto, los beneficios fiscales y los incentivos. La campaña también reclama que toda esa información sea transparente y esté a disposición de la ciudadanía.
Asimismo, pidió al Ministerio de Sanidad que publique el gasto farmacéutico por medicamento; que garantice la equidad en el acceso a los fármacos en todas las comunidades autónomas; más transparencia en la toma de decisiones sobre la financiación de los medicamentos y en los procesos de autorización y fijación de precios; así como conocer los acuerdos de techo de gasto y de pago por resultados a los que se llega con ciertos fármacos.
Por último, recordó que es necesaria una reforma de la ley actual del medicamento que tenga en cuenta estos elementos.
