La Audiencia Nacional acaparará este miércoles gran parte de las miradas del PP de Madrid. El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, toma declaración como investigada a la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid Tatiana Sonsoles Recorder. El magistrado preguntará concretamente sobre la adjudicación de los servicios de la cafetería del Parlamento madrileño a Arturo Fernández en 2009. Caso que salpica directamente a Cristina Cifuentes al estar al frente de la Mesa de Contratación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 engloba esta declaración dentro de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en etapas anteriores. De hecho, el juez Eloy Velasco aseguró que hay “sólidos indicios” que relacionan al empresario con la adjudicación de “determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
El magistrado que instruía la causa hasta su salida de la Audiencia Nacional señaló concretamente a “los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios”, los cuales “irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”. De hecho, la UCO de la Guardia Civil apuntó a Cifuentes como pieza determinante en esta operación. No obstante, el juez Velasco decidió no imputarla.
Pese a ello, la salida de Velasco y la llegada del magistrado García Castellón han desenterrado los problemas de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid con la Púnica tras imputar en las últimas semanas a un miembro clave en el contrato de la cafetería. Aun así, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, se ha mostrado “tranquilo” ante la declaración de la exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid.
“Es importante destacar que en la Asamblea, de toda la vida, no ahora, se ha respetado el criterio de los funcionarios en materia de contratación. Todos los grupos han votado por unanimidad las adjudicaciones”, ha manifestado Ossorio, tal y como ha recogido Europa Press, tras un encuentro con los socios de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar.
Es más, el portavoz conservador ha querido restar importancia a la comparecencia de Recorder asegurando que, tras un cambio de juez, es “lógico” que el nuevo si tiene “dudas técnicas” llame a los letrados. Asimismo, Ossorio ha recordado que en este tipo de adjudicaciones “los grupos políticos no se tienen que meter”. “Los técnicos tienen que analizar las propuestas de las empresas y adjudicar al mejor postor”, ha manifestado.
Por todo ello, ha recalcado que no se encuentra “en absoluto” preocupado por la declaración. “Lo que queremos es que se aclare todo lo antes posible”, ha concluido el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
