Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia
El Partido Popular de Galicia ha expresado este martes su rechazo a despenalizar la eutanasia en el Estado, ya que consideran que «no encaja con la forma de entender la vida y la muerte que tiene la sociedad gallega».
Así lo ha expuesto la diputada popular Julia Rodríguez Barreira durante el debate de una proposición de ley para su remisión al Congreso de los Diputados en la que el grupo mixto planteaba una modificación del Código Penal para facilitar el derecho de los pacientes terminales o con graves patologías a tener una «muerte digna».
La propuesta ha quedado finalmente rechazada por la oposición del Partido Popular que, en línea con la postura que mantiene la organización en todo el Estado, rechazan despenalizar la eutanasia por considerarla «fuera de los parámetros éticos».
Además, los populares gallegos consideran que la ley de derechos y garantías de la dignidad de los enfermos terminales –aprobada en 2015 en el Pazo do Hórreo por unanimidad– ya protege a los pacientes a la hora de que puedan «acabar con su sufrimiento».
A su juicio, el Parlamento de Galicia «dio una respuesta humana a los pacientes más vulnerables, a los terminales» a través del citado texto legislativo del año 2015, que recogía «el sentir mayoritario de los gallegos».
«No concibo una sociedad que trivialice la muerte, que permita que haya gente que se levante un día doblado de dolor y decida poner fin a su vida», ha manifestado Rodríguez Barreira, quien ha asegurado que el debate sobre la eutanasia «no es un debate ideológico» sino «un debate sobre la sociedad del futuro».
A renglón seguido, la diputada popular ha teorizado con que «todos» estarían «a favor de la muerte digna» si ésta se aborda de «una forma ambigua» pero, ha continuado, la eutanasia «va más allá». Además, Rodríguez Barreira ha criticado la propuesta concreta del grupo mixto porque su redacción «provocaría más problemas de los que actualmente hay» al consistir en «la despenalización sin regular» lo que, a su juicio, supondría «un salto al vacío».
En su turno de cierre, el portavoz del grupo mixto y líder de En Marea, Luís Villares, ha acusado a los populares de «deshumanizar» el debate sobre un asunto, la despenalización de la eutanasia, que goza de un respaldo «mayoritario» entre la sociedad española, ha indicado en alusión a las encuestas que señalan un apoyo a la medida de más del 80%.
Villares ha insistido en que «únicamente» se trata de facilitar que la ley no penalice a las personas que colaboran en un suicidio asistido y que, por lo tanto, no se trata de «obligar» a los pacientes a que sigan este camino.
«La represión penal lo único que promueve son las prácticas clandestinas», ha espetado el magistrado lucense, que durante su intervención ha hecho referencia a los casos de Ramón Sampedro y María José Carrasco para apelar a la necesidad de que el Estado garantice el derecho a un «final digno» como parte del derecho fundamental a tener una vida digna.
EL CONGRESO VOLVERÁ A DEBATIRLA
Este mismo martes, la portavoz parlamenataria de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, ha confirmado que la ley para la despenalización de la eutanasia del PSOE será la primera norma a debatir en el primer pleno ordinario del Congreso de esta legislatura.
Esta ley ya fue tomada en consideración por la Cámara en dos ocasiones anteriores. La primera, en junio de 2018, se consiguió gracias a un cambio en la postura de Ciudadanos sobre este tema. En un primer debate –sobre una ley de Unidas Podemos– los naranjas votaron en contra, mientras que unos meses más tarde, ya con la norma socialista sobre la mesa, decidieron abstenerse.
La tramitación de esta norma no se pudo completar debido a la convocatoria de elecciones del 28 de abril y la consecuente paralización de la actividad parlamentaria. La segunda toma en consideración fue en septiembre de 2019, poco antes de que se volvieran a disolver las Cortes por la incapacidad de Pedro Sánchez de formar Gobierno.
PARTIDO SOCIALISTA
La diputada socialista Patricia Vilán ha hecho referencia a esta ley que, según ha puntualizado, «no es igual» a la debatida este martes en la Cámara gallega, aunque el fondo va en la misma línea: «garantizar el derecho a una muerte digna».
«A nadie le van a obligar a practicar la eutanasia», ha remarcado, antes de poner el foco en la necesidad de blindar por ley la seguridad jurídica de los profesionales, tanto a la hora de prestar la ayuda a un paciente para acabar con su vida como si quieren declararse objetores de conciencia para no hacerlo.
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