La Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular lleva cerca de 10 días en funcionamiento. Sin embargo, ésta no dará inicio hasta que los partidos se pongan de acuerdo en aspectos fundamentales como a quién llamar, los tiempos de intervención de cada uno de los participantes y el orden cronológico de la investigación.
¿Qué se investiga, desde cuándo y a quién citamos para que declare? Esta es la respuesta que deben hallar los partidos para dar luz verde a la comisión. PSOE, Podemos y Ciudadanos expusieron hace dos semanas sus voluntades, con coincidencias y disidencias entre las propuestas.
PSOE y Podemos quieren investigar la financiación del PP desde la etapa de José María Aznar como presidente del partido (1989). Ciudadanos, en cambio, prefiere escrutar la era de Mariano Rajoy, desde 2004.
Por su parte, el PP, insiste en que el Congreso sólo debe investigar sus cuentas desde 2016 o como mucho desde 2015, que es cuando se tipificó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.
De hecho, los populares han solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara que elaboren un informe que determine hasta dónde deben acotarse las fechas de la investigación y qué tipo de documentación podrían solicitar los grupos sobre aquellos contratos que pidan analizar.
Según el Coordinador General del PP, Fernando Martínez-Maíllo, una comisión contra un solo partido “no es procedente. La inquisición hace tiempo que desapareció en España. Este es un partido y esta una sociedad democrática, no vamos a aceptar ninguna causa general contra el PP. Se trata de luchar entre todos contra la corrupción. Ver en qué hemos fallado cada uno de los partidos políticos”, ha asegurado Maíllo.
Esa es la estrategia de los populares. Hacer el papel de víctima al que los otros partidos, en bloque, tratan de desprestigiar.
