El PP da este martes el pistoletazo de salida –de manera oficial- a las negociaciones con Ciudadanos y Vox para tratar de cerrar acuerdos de gobernabilidad tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de abril. Y lo hace ‘a dos bandas’ tras la negativa de los de Albert Rivera de sentarse a hablar con la formación de Santiago Abascal. “Nuestra fórmula es clara: acuerdos a dos en los que no estarán ni Vox ni Podemos”, advirtió ayer el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
El partido que encabeza Pablo Casado se verá hoy con la formación naranja para abordar la posibilidad de un pacto con el que gobernar Aragón. Una cita a la que Génova da gran importancia. Tal es así, que a la misma asiste el vicesecretario de Organización, Javier Maroto. La dirección nacional quiere arrebatar al PSOE el poder en esta región. Y esto pasa por lograr un acuerdo.
Asimismo, esta tarde, a las 17 horas, el secretario general del PP, Teodoro García Egea y la presidenta de partido en Navarra, Ana Beltrán, se reúnen en el Congreso con representantes de Vox. Los de Santiago Abascal ya han dejado claro que esta vez quieren entrar en los gobiernos de aquellos territorios en los que den su apoyo y no quedarse fuera, como pasó en Andalucía.
Casado y los suyos se ven ahora obligados a negociar por separado y dejar para el final la tan ansiada fotografía conjunta. Una tarea que se avecina nada fácil a tenor del distanciamiento que Ciudadanos y Vox muestran estos días.
Antes de las citas de hoy los de Rivera pusieron este lunes sus líneas rojas sobre la mesa. Un acuerdo programático que no ha disgustado en las filas del PP, que lo ven como “un excelente punto de partida”. Este documento es un decálogo que el resto de formaciones deberán rubricar si se quiere cerrar un pacto.
Entre las exigencias de Ciudadanos está la defensa de la unidad de España y el Estado de las autonomías “como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales”. En este punto se incluye la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que el Govern de la Generalitat continúe “sin acatar el orden constitucional”.
Asimismo, se aboga por una bajada de impuestos con la supresión del “injusto” Impuesto de Sucesiones, por luchar contra la corrupción y por el fin de los aforamientos de diputados, del presidente del Gobierno y de los miembros del Consejo del Ejecutivo. La creación de una tarjeta sanitaria única en toda España y la defensa de los derechos de las personas LGTBI son otras de las medidas que se incluyen en este decálogo.
