El PP plantea en el Congreso a Yolanda Díaz compensaciones a empresas y trabajadores por la nueva ‘Ley Rider’

Ley Rider

El PP plantea en el Congreso a Yolanda Díaz compensaciones a empresas y trabajadores por la nueva ‘Ley Rider’

Asimismo, piden a Díaz una valoración por la pérdida de más de 4.000 empleos que, aseguran, supondrá el cese de la actividad de la compañía Deliveroo en España.

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El PP ha planteado este martes en el Congreso la posibilidad de impulsar compensaciones económicas a las empresas afectadas por posibles pérdidas en la actividad y facturación derivadas de la entrada en vigor de la nueva ‘Ley Rider‘, así como un subsidio o prestación a los trabajadores que dejen de ser contratados por las plataformas digitales.

Así lo proponen en una batería de preguntas registrada por sus diputados José Ignacio Echániz, portavoz adjunto en la Cámara Baja del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz de Trabajo, Diego Movellán, y Javier Bas.

Los ‘populares’, que han registrado la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para dar cuenta del impacto de la entrada en vigor de esta regulación, también quieren saber qué actuaciones está llevando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para dar cumplimiento a esta norma.

ANTICIPAN PÉRDIDA DE EMPLEO CON LA NUEVA LEY

Asimismo, piden a Díaz una valoración por la pérdida de más de 4.000 empleos que, aseguran, supondrá el cese de la actividad de la compañía Deliveroo en España.

Según estimaciones de las patronales del sector, la nueva ‘Ley Rider’, que obliga a las empresas a contratar a sus repartidores y que entró en vigor a principios de agosto tras dar tres meses a las empresas, implicará la pérdida del 60% de los empleos antes de su entrada en vigor.

PIDEN CAMBIOS EN LA LEY

El PP también pregunta al Ministerio de Trabajo si valora introducir cambios en esta regulación, especialmente a la hora de dotar de una mayor flexibilidad a la contratación de los ‘riders’.

Durante su tramitación parlamentaria, el PP propuso abrir la puerta a que las empresas pudieran seguir contando con repartidores que fueran autónomos, y también evitar que las compañías tuvieran que abonar prestaciones no abonadas por su relación laboral a la Seguridad Social.

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