El PP lleva la ‘Ley Rider’ al Tribunal Constitucional

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que “desconfían” del PSOE y el Gobierno porque están viendo que la “táctica” es “intentar controlar” al Poder Judicial e “intentar silenciar la labor del Parlamento saltándose” su capacidad legislativa “a través de la figura del decreto ley”.

La dirigente del PP ha subrayado que desde la declaración del estado de alarma en marzo del año pasado, el Gobierno ha aprobado 48 reales decretos con el objetivo de “hurtar el debate al Parlamento” y ha destacado que el Constitucional ha tumbado ya tres de esos reales decretos del Ejecutivo “por haberlos utilizado abusando de su poder para evadir el control parlamentario”.

En este punto, ha confirmado que esta semana el PP recurrir dos decretos más: el 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma; y el 9/2021 de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocido como la ‘Ley Rider’.

Gamarra ha señalado que “no hay extraordinaria y urgente necesidad” que los motive, sino la necesidad urgente de saltarse al Congreso. En el caso de la ‘Ley Rider’, ha explicado que modificar el Estatuto de los Trabajadores como se ha hecho, a través de un decreto ley, cuando “el acuerdo con el diálogo social estaba aprobado en el mes de abril y además se da una vacatio legis de tres meses, demuestra que ahí no había urgente necesidad, sino que había una necesidad urgente de saltarse nuevamente al Congreso”.

“Humildad” tras la sentencia sobre el estado de alarma

Tras la sentencia del Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento decretado con el primer estado de alarma, Gamarra ha pedido “humildad” a Sánchez y “abandonar la soberbia”. A su entender, se trata de reconocer que vulneró los derechos fundamentales de los españoles y asumir que actuó “arde, mal y suspendió derechos fundamentales sin los controles que establece un estado de excepción”.

Gamarra, que ha destacado que Pablo Casado ya advirtió en el debate parlamentario de la alarma que estaban ante un estado de excepción encubierto, ha acusado al Gobierno de ocultar a los ciudadanos que sí analizó en Consejo de Ministros la necesidad de ese estado de excepción entonces.

Al ser preguntada si el PP lo habría apoyado, ha evitado responder alegando que no iban ahora a “elucubrar con qué habría pasado si se hubiese planteado” y ha solicitado de nuevo al Gobierno una Ley de Pandemias para afrontar la desescalada ante la “inseguridad jurídica” que afecta a las comunidades autónomas en la quinta ola.

Dicho esto, Gamarra ha asegurado que es “fundamental” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rindan cuentas en el Congreso por las consecuencias derivadas de la sentencia. “No puede pasar que el Gobierno no comparezca, ni tan siquiera lo pida voluntariamente, y que posponga todo al control parlamentario al mes de septiembre”, ha criticado.

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