Banco Popular
Las bajadas de rating que sufrió Banco Popular en los últimos meses firmaron la sentencia de la entidad, acelerando una fuga de depósitos que obligó a la Junta Única de Resolución y al FROB a intervenir el banco, que acabó en manos del Santander por el precio simbólico de un euro. En esta fuga jugó un papel la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que en mayo no pudo renovar un depósito de 600 millones de euros que tenía en el Popular.
Cuando se habla de una fuga de depósitos, la primera imagen que puede venir a la mente es la de pequeños ahorradores haciendo cola en los cajeros. Sin embargo, en el caso del Popular, fuentes del sector han señalado a ElBoletin.com que el proceso tuvo mucho más que ver con las continuas rebajas de rating que sufrió el Popular: por puras cuestiones de Tesorería que no implican necesariamente ningún temor, algunas grandes compañías simplemente no pueden mantener sus depósitos en entidades que no lleguen a una determinada nota.
Así lo reconoció durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos, al apuntar que cada recorte de rating “dificulta el mantenimiento de los depositantes corporativos, que suelen exigir un nivel mínimo de nota”, por lo que estas rebajas “siempre van acompañadas de importantes salidas de depósitos”.
Esta limitación afectó también a la Sareb, el ‘banco malo’ que aglutina los activos inmobiliarios procedentes de las antiguas cajas rescatadas. Tal y como ha explicado a ElBoletin.com una portavoz de la sociedad, la Sareb realiza subastas cada tres meses con la liquidez de caja. La última de ellas, realizada a finales de mayo, era de 1.400 millones, de los que 600 habrían correspondido al Popular.
De hecho, en la celebrada en febrero, había sido adjudicada esta cifra al banco en el que acababa de desembarcar Emilio Saracho, pero los recortes de rating que había sufrido el banco desde entonces hicieron que la Sareb no pudiese invitarlo a acudir a la nueva subasta para renovarlos, ya que no cumplía con los criterios mínimos.
Pero no fueron sólo la Sareb y las grandes empresas. También hubo comunidades autónomas y ayuntamientos que retiraron “cantidades fuertes de depósitos del banco”, según reconoció el propio Guindos.
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