Emilio Saracho, presidente de Banco Popular
El desmentido de Popular sobre su supuesta debilidad financiera no calma a los inversores. La entidad que preside Emilio Saracho desde hace dos meses y medio cede más de un 5% en Bolsa este viernes a pesar de que la pasada noche envío al supervisor una nota en la que “desmiente categóricamente” su supuesto “riesgo de quiebra”.
Además de defender las cifras de su balance, Popular explica que “siguen su curso” los procesos iniciados para la desinversión de activos no estratégicos. En este sentido, la entidad defiende que su estrategia a futuro “se mantiene invariada” con respecto a lo que el presidente comunicó en la reciente junta de accionistas del pasado 10 de abril, cuando se abrió la puerta a la “potencial” ejecución de una nueva ampliación de capital o la búsqueda de operaciones corporativas para crear valor.
En lo que se refiere a este último punto, la entidad también niega que “haya encargado la venta urgente del banco”. Un discurso que coincide con el que ayer realizó el consejero delegado de la entidad. En el marco del repaso de sus resultados trimestrales, Ignacio Sánchez-Asiaín, afirmó que no se ha mantenido ningún acercamiento “serio” con ninguna otra firma para estudiar una posible fusión, sin hablar en ningún momento de la venta del cotizado al mejor postor, como ayer jueves insinuaban algunas informaciones.
Asimismo, el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desmiente que el presidente Saracho “haya comunicado a otras entidades financieras la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de depósitos”. Es así que se niega que la Asociación Española de Banca (AEB) disponga de datos que respalden que Popular haya perdido 6.000 millones de euros en depósitos solo en el mes de enero.
La entidad recuerda que al cierre del primer trimestre del año, tal y como se informó la semana pasada, el patrimonio neto asciende a 10.777 millones de euros y la ratio de capital total alcanza en 11,91%. Una cifra que como el banco enfatiza se sitúa “por encima de las exigencias regulatorias” vigentes.
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