El Poder Judicial decidirá entre Isabel Perelló y Ana Ferrer quién será su presidenta

Los requisitos que la ley establece para ser presidente/a del alto tribunal y del CGPJ son ser miembro de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado/ del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.

El Pleno también ha acordado que el debate y votación de las candidaturas tenga lugar esta misma mañana a partir de las 12:30 horas. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno.

Ana María Ferrer es magistrada de la Sala Segunda del Supremo desde abril de 2014 e ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1984. Ha ejercido en Juzgados de Valdepeñas, Linares, Aranjuez, Leganés y Madrid, detalla el Poder Judicial en una nota. En 1996 obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y en 2008 fue nombrada presidenta de dicho órgano judicial, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrada del Tribunal Supremo.

Durante su carrera profesional, ha realizado numerosas actividades docentes y de investigación jurídica, ha sido profesora de Practicum y Master en las Universidades Autónoma y Alfonso X el Sabio de Madrid y ha intervenido como ponente en numerosos cursos y seminarios sobre asuntos penales y de violencia de género.

De 2000 a 2004 fue coordinadora territorial en Madrid de la Escuela Judicial, en 2005 fue miembro de la Comisión General de Codificación y en 2010 de la Comisión Jurídica Asesora para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que le fue concedida cuando se incorporó al Tribunal Supremo.

María Isabel Perelló, por su parte, es magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2009 e ingresó en la Carrera Judicial en 1985. Desde entonces, ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Magistrada especialista de lo contencioso-administrativo, sirvió en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (1991) y en la de la Audiencia Nacional (1994). También fue letrada en el Tribunal Constitucional (1993-2003).

Asimismo, ha participado en diversos cursos sobre derecho constitucional, derecho administrativo comparado, telecomunicaciones y jurisprudencia constitucional, así como en encuentros organizados por el Consejo General del Poder Judicial sobre deporte, regulación y justicia. Es coautora de varias obras y ha colaborado en el libro “La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos”, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

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