El diputado del PNV, Mikel Legarda
El portavoz adjunto del PNV en el Congreso de los Diputados, Mikel Legarda, ha expresado el respaldo de su grupo a la prórroga hasta el 11 de abril del estado de alarma declarado por el Gobierno y en los términos en que se ha decidido, porque le parece la medida «más adecuada» de momento para frenar la expansión del coronavirus.
Si transcurrido un «plazo razonable» de tiempo se comprueba que no surte efecto, será el momento de «reconsiderar» medidas más duras, aunque ha apuntado que una «suspensión plena» de derechos y libertades de los ciudadanos sólo se puede aplicar con el estado de excepción o de sitio, que cuenta con limitaciones para su uso tanto en la Constitución como en la ley que lo regula, ha añadido.
Legarda ha comparecido ante el Pleno del Congreso que este miércoles ha convalidado los decretos aprobados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia y que debate la ampliación en otros quince días del estado de alarma, que será respaldado por la Cámara.
Para el PNV, de momento hay que persistir «con máximo celo» en las actuales medidas. Ha pedido volcar los esfuerzos en las residencias de los mayores pero «sin cazas de brujas indiscriminadas como las iniciadas por la Fiscalía», ha dicho, en referencia a la investigación por el fallecimiento de personas que residían en algunos de estos centros.
Ha reclamado igulamente que se haga todo el esfuerzo posible para ayudar al sistema sanitario, pero también más medidas para sostener el tejido productivo en la medida de lo posible.
MÁS APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO
Al respecto, ha reclamado aumentar el porcentaje de facturación que permite a los autónomos acceder a la prestación extraordinaria aprobada y una moratoria para pymes y autónomos en hipotecas o alquileres de locales, entre otras propuestas.
También ha reclamado que los avales públicos dirigidos a garantizar liquidez se dirijan sobre todo a pymes y autónomos, que son los que más problemas tienen.
Legarda ha reclamado igualmente agilidad en la tramitación de los ERTE, porque de ellos «depende la tranquilidad y subsistencia de demasiadas personas».
Por último, ha pedido al Gobierno que estudie una renta de garantía pública transitoria para las personas más desfavorecidas y afectadas por esta crisis sanitaria, especialmente cuidadores, empleadas del hogar y arrendatarios individuales.
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