El personal interino y eventual pasa a la acción por el silencio ante su situación “en fraude de ley”

Los pasos para que un conflicto trascienda la esfera privada para instalarse en la política suelen ser varios. El primero de todos, obviamente, gira en torno a identificar lo que se quiere denunciar. El segundo pasaría por organizarse y convertirlo en un conflicto que afecta a un colectivo amplio. El tercer movimiento sería llamar directamente a la puerta de los representantes político. Y, en el caso de que este último proceso no triunfase, quedaría la movilización ciudadana. Pues estas ‘normas no escritas’ son las que está siguiendo el personal temporal e interino.

Después de denunciar su situación “en fraude de ley” y de organizarse en una plataforma nacional –y a niveles autonómicos-, el colectivo se ha lanzado a por los dos últimos pasos mencionados al ver que las contestaciones políticas no son las esperadas. “La Plataforma Estatal de Interinos y Temporales lleva meses demandando una solución al problema a Administración partidos políticos y sindicatos. La respuesta de estos está siendo el rechazo permanente a nuestras demandas”, han señalado.

De esta manera, el personal afectado (la plataforma calcula que hay 700.000 trabajadores públicos en fraude de ley, es decir, temporales con más de tres años en la Administración) ha decidido activar el último paso: la movilización. “Damos un paso más en la lucha”, han anunciado desde el colectivo a la espera de que las bases ratifiquen lo que se acordó en una reunión celebrada en Madrid recientemente con representantes de la Plataforma de Interinos y Temporales de diferentes sectores y comunidades autónomas.

Mientras tanto, la plataforma ya ha adelantado que próximamente se avecinan curvas: “Se iniciarán una serie de protestas y movilizaciones a nivel local, autonómico y nacional para la consecución de nuestros objetivos”. El enfado es mayúsculo por lo que, como han comunicado, van a “intensificar las luchas” debido a la “pasividad y la falta de voluntad política y sindical en tratar de resolver nuestras demandas”.

Las consecuencias que pueden darse

El objetivo también es de gran dimensión: “Salvar miles de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas, que los Tribunales de la Unión Europea han declarado en fraude de ley”. La cuenta atrás no ha hecho más que empezar. Según denuncia la plataforma, la oferta de empleo público que se ha firmado con Cristóbal Montoro lo único que hará es “ofertar las plazas en fraude de ley, mediante un proceso normal de selección (oposición o concurso-oposición) sin tener en cuenta dicho fraude”.

En este sentido, los afectados recalcan que si se lleva a cabo “puede suponer el despido de miles de trabajadores con mucha antigüedad y experiencia, sustituyéndolos por otros más nuevos y más baratos”. Así, la plataforma ha insistido en que se realice un proceso extraordinario de consolidación de estas plazas “mediante un concurso de méritos dado su carácter excepcional”.

La solución que ofrecen

Según han destacado, tan solo hace falta un componente: voluntad política. “No supondría ningún coste económico ni presupuestario”. “Es perfectamente viable y está recogido en el artículo 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleado público, y no sólo supondría la estabilización de los trabajadores más longevos, si no que dejaría plazas libres (tasa de reposición) para las nuevas incorporaciones”.

Hasta que los movimientos comiencen a darse, la plantilla recuerda un punto a los partidos y a los sindicatos: “Somos miles los afectados por este fraude de ley y, a un año vista de las elecciones (políticas y sindicales), nuestro voto y el de nuestras familias pueden tener una incidencia muy importante en dichos resultados”. Por ello, han recalcado que seguirán “movilizándonos hasta alcanzar nuestros objetivos”.

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