El Parlamento Europeo da luz verde a las normas sobre el fondo de recuperación

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del programa más importante del fondo europeo de recuperación, que establecen las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que distribuirá a los Estados miembros entre transferencias y préstamos.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF) ha salido adelante con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. Ahora debe ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE (que representa a los países) y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados de febrero.

Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas. A España le corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y un montante en créditos de hasta el 6,8% del PIB de 2019.

Bruselas, recoge Europa Press, ya lleva trabajando varios meses con las capitales para diseñar estas estrategias, aunque el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, explicó en un debate este martes que todavía queda “mucho trabajo por delante”. El letón informó de que incluso los 18 países que tiene unos borradores “más avanzados” tienen que seguir trabajando en los detalles.

Estos planes deben contener un “equilibrio adecuado” entre reformas e inversiones, señaló Dombrovskis ante los eurodiputados. El RRF, en concreto, financiará medidas puestas en marcha desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2026. El 70% de los fondos serán desembolsados entre este año y 2021.

Finalmente serán seis los pilares en los que estará centrado el RRF y los más importantes apoyar las transiciones ecológica y digital. Las estrategias nacionales tendrán que reservar un 37% y un 20% de las ayudas a estos dos objetivos, respectivamente. Además, deberán impulsar el crecimiento económico, apoyar la cohesión social y territorial o mejorar el funcionamiento institucional.

Bruselas dispondrá de un plazo de dos meses para evaluar los planes remitidos por cada gobierno. En esta tarea tendrá que valorar si las estrategias se adecuan a los objetivos establecidos, si recogen el equilibrio exigido entre inversiones y reformas o si contribuye a impulsar las transiciones ecológica y digital, entre otras cuestiones.

Otra de las condiciones para acceder a estos fondos es que los planes nacionales aborden “todas o un conjunto significativo” de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho a cada uno de los países en sus evaluaciones macroeconómicas anuales. Es decir, en palabras de Dombrovskis, el plan anticrisis estará “anclado” al llamado Semestre Europeo.

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