El Parlamento Europeo alerta del impacto del alquiler turístico ilegal en España y reclama medidas urgentes para la vivienda

El informe HOUS identifica falta de oferta y concentración inmobiliaria como ejes de la crisis, con España entre los países más afectados.

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El vicepresidente de la comisión HOUS del Parlamento Europeo, Vicent Marzá, ha advertido que el alquiler turístico ilegal tiene un efecto especialmente intenso en España por el peso del turismo en el PIB. El informe europeo propone movilizar capital privado, reforzar el papel de los municipios y agilizar la construcción de vivienda para frenar la crisis habitacional.

El debate sobre la vivienda vuelve a situarse en el centro de la agenda comunitaria. El Parlamento Europeo presentó el primer borrador del informe de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda (HOUS), que traza un diagnóstico común para la UE pero subraya que España sufre con mayor severidad fenómenos como la presión del turismo sobre el mercado de alquiler, el crecimiento del alquiler ilegal de corta duración y la expansión de las socimis.

España, epicentro del alquiler turístico ilegal

Vicent Marzá señaló que el turismo convierte el alquiler irregular en un problema de mayor magnitud en España. Defendió que no se trata de prohibirlo, sino de reducirlo y regularlo con sanciones más eficaces y un registro transparente.

España es el segundo país del mundo con más socimis, solo por detrás de EEUU

El eurodiputado destacó que estas sociedades “concentran la propiedad” y se benefician de bonificaciones fiscales que distorsionan el mercado. Frente a ello, pequeños propietarios soportan una mayor carga en el alquiler de segundas viviendas.

Un déficit estructural de vivienda en la UE

El informe HOUS apunta a una escasez de oferta como raíz de la crisis habitacional. Entre las causas enumera décadas de baja construcción, procesos urbanísticos lentos, inseguridad jurídica, costes elevados de materiales y una fuerte carga fiscal.

El déficit de vivienda se percibe como una amenaza para la competitividad europea

Este desequilibrio, además de un reto social, impacta directamente en la movilidad laboral y en la competitividad de las economías europeas, encareciendo los precios y dificultando el acceso de jóvenes y familias.

Propuestas: inversión, jóvenes y papel de los municipios

La comisión plantea un plan integral con varias medidas: impulsar la construcción y rehabilitación de vivienda, facilitar préstamos asequibles para jóvenes y trabajadores esenciales, reforzar las alianzas público-privadas y aprovechar los fondos europeos con un papel central del Banco Europeo de Inversiones.

El informe reclama que los ayuntamientos tengan acceso directo a los fondos europeos de vivienda

El texto pide garantizar que las administraciones locales puedan gestionar los recursos europeos, por su cercanía a las necesidades reales. Además, propone crear una plataforma digital europea de datos de vivienda en tiempo real y evaluar el impacto de los alquileres de corta duración en los precios tras la aplicación del Reglamento europeo 2024/1028.

Calendario político y aplicación en España

El borrador, presentado el 25 de septiembre, admite enmiendas hasta el 20 de octubre y se prevé que llegue a pleno en marzo. En el caso español, ya está en vigor un Registro Único de Arrendamientos derivado del reglamento europeo, pero el reto sigue siendo diseñar un régimen sancionador eficaz que evite la consolidación del mercado ilegal.

Factores de la crisis de vivienda en la UE
Causa identificada Impacto principal
Escasa construcción Oferta insuficiente
Procesos urbanísticos largos Retraso en nuevos proyectos
Inseguridad jurídica Menor inversión
Altos costes de materiales Vivienda más cara
Fuerte carga fiscal Desincentivo a nuevos desarrollos
Expansión del alquiler turístico Reducción del parque residencial

La aprobación definitiva del informe HOUS marcará la hoja de ruta europea en materia de vivienda para los próximos años, aunque su eficacia dependerá de la voluntad de los Estados miembros de aplicar medidas que combinen inversión pública, control del alquiler turístico y un refuerzo del papel municipal.

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