El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos solo cumple una de cada seis propuestas

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
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El 28 de agosto de 2016, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, subscribieron un acuerdo de 150 medidas a cambio del apoyo naranja a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Año y medio después de aquellas firmas, solamente han salido adelante el 16% de las propuestas.

El acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos supuestamente compromete al Gobierno de Mariano Rajoy a cumplir las medidas. Sin embargo, tal y como se ha ido observando a lo largo de la legislatura, el Ejecutivo apenas ha reparado en él. De los “150 compromisos para mejorar España” acordados, apenas 25 han visto la luz. Y algunos de ellos solamente están en proceso.

Entre las otras 125 medidas hay muchas que deberían incluirse en una categoría dedicada a las ‘inconcretas’, donde todos los partidos políticos podrían guardar las propuestas ambiguas sin concreción. Por ejemplo, el punto 40 del pacto de investidura, que habla sobre la adaptación del mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial.

“Se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital, en particular a los mayores de 45 años”. Este tipo de medidas han sido apartadas del escrutinio al quedar al gusto interpretativo de cada parte y ante la dificultad de determinar si se ha cumplido o no.

Medidas que no

En el análisis exhaustivo del pacto de investidura que llevó a Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno se concluye que, al menos, 105 medidas no se han llevado a cabo (25 sí y otras 20 son ‘inconcretas’).

Las más conocidas, y las más recientes, la reforma del régimen electoral (medida 97) y la despolitización de la elección del Fiscal General del Estado (m. 143), ambas rechazadas de pleno por el Partido Popular. Esas se unen a otras como la eliminación de los aforamientos (m. 94), no conceder indultos a condenados por corrupción (m. 95), la limitación de mandatos (m. 96) y la reforma de la financiación autonómica (m. 5).

Además de estas propuestas ‘best seller’, otras tan importantes como la erradicación de ‘falsas SICAVS’ (m. 8), la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (m. 13), reformar el sector eléctrico (m. 20), reducir a tres las modalidades del contrato de trabajo (m. 36), la introducción de la ‘mochila austriaca’ (m. 38), o el establecimiento de desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos.

Ninguna de estas propuestas ha visto la luz a pesar de que el voto a Mariano Rajoy, supuestamente, estaba condicionado a estas medidas.

De hecho, uno de los compromisos que adquirió el PP (medida 93) es la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción. Un compromiso que obvia en el caso de la senadora Pilar Barreiro, imputada por varios delitos de presunta corrupción política.

Medidas que sí

Estas son algunas de las medidas que ha aprobado el Gobierno que estaban incluidas en el pacto de investidura. El compromiso 50 instaba a realizar acciones de reparación a las personas afectadas por la Talidomida, la reforma de la Ley del Trabajador Autónomo y el Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (m. 76) son tres de las 25 que ha llevado a cabo.

Además, el Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar (m. 79), la modificación del IVA Cultural (m. 89), la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP (m. 98), la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (m. 109), el impulso de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (m. 74) y otro por la Educación (m. 78). Ambos pactos de Estado en proceso.

En esa misma situación está la medida 91, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor, la 119, la aprobación de una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción y la 130, que exige la garantía de un modelo de servicio público para RTVE.

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