La propuesta, presentada por el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, el de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tiene como objetivo conseguir que tanto las grandes compañías energéticas como la gran banca contribuyan al pacto de rentas y a financiar las medidas que se están adoptando para luchar contra la inflación, agravada por el conflicto en Ucrania y que suman por el momento 15.000 millones de euros.
En el caso del sector energético, el nuevo impuesto gravará el 1,2% del importe neto de la cifra de negocios y no afectará a las empresas con una facturación inferior a los 1.000 millones de euros. El aporte esperado por el Ejecutivo será de 2.000 millones anuales.
Respecto al sector financiero, la prestación se fija en el 4,8% de su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) más sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) y afectará a entidades cuyo importe de intereses y comisiones supere 800 millones. En este caso, prevé recaudar 1.500 millones anuales.
El Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.
Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.
Patxi López ha destacado que las compañías energéticas tuvieron unos beneficios de 9.000 millones de euros el año pasado y los bancos, 20.000 millones. Además, también ha recordado el rescate de 60.000 millones que recibió el sector financiero. A ambos grupos parlamentarios, también les parece “revelador que un ejercicio con bajos tipos de interés como 2021, las grandes entidades financieras distribuyeran dividendos por 13.400 millones, 3.500 millones en el primer trimestre de 2022”.
Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, esta proposición de ley incluye una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.