Fiscalia General Del Estado
Así lo expone en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se opone a los recursos presentados por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para impugnar los registros efectuados el pasado 30 de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus respectivos despachos.
De esta forma, el abogado de González Amador amplía la lista de supuestos responsables de la filtración tanto de la cadena de correos electrónicos entre la defensa de su cliente y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para intentar llegar a un acuerdo; como de la noticia sobre las pesquisas que se dirigían en su contra.
González Amador menciona en particular a la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ana García León, y a su ‘número dos’, Diego Villafañe, por las conversaciones de WhatsApp que tuvieron entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 con Rodríguez sobre la investigación contra la pareja de la mandataria regional.
Se basa para ello en el informe elaborado por la UCO sobre el material incautado a Rodríguez, que comienza con un mensaje de WhatsApp enviado el 8 de marzo por Villafañe a la jefa de la Fiscalía Provincial donde éste le indica que faltan páginas por escanear del expediente referido a González Amador, y le pide corregirlo.
En mensajes posteriores, concretamente el 13 de marzo, Rodríguez precisó, en conversación con García León, que fue el 7 de marzo cuando envió «todo» lo relativo a las diligencias contra González Amador a Villafañe. «Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE», dijo la fiscal jefe provincial a su interlocutora.
La UCO destacó el hecho de que la denuncia contra González Amador se publicara en prensa el 12 de marzo, «es decir, tan solo cuatro días después» de que la Fiscalía General del Estado la recibiera «de manera completa» desde la Fiscalía Provincial de Madrid.
Por eso, los investigadores concluyeron que la denuncia «será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado», ampliando así el objeto de las pesquisas, ya que hasta ahora se ceñía a la filtración de los ‘emails’ que la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, se intercambiaron para llegar a un acuerdo.
González Amador sostiene que «desde ese momento» dejó de «ser tratado como un ciudadano anónimo», «pasando a tener el tratamiento asociado a ser la ‘pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid’, lo que ha supuesto que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal que estuvo en su mano haya sido objeto de revelación pública».
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