Así se ha pronunciado el abogado Gabriel Ramos en su informe final ante el tribunal que juzga en el Supremo a García Ortiz por la presunta revelación de secretos contra el empresario por la supuesta filtración de un ‘email’ donde su defensa se ofrecía a que reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un pacto con Fiscalía y eludir la cárcel, recoge Europa Press.
“No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena”, ha dicho.
Ramos ha señalado que eso le convirtió también en “moneda política” bajo un “relato institucional” que ha denunciado que se ha ido apuntalando “día a día por el Gobierno”. “Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente”, ha subrayado.
Se trata de “una maquinaria de comunicación” que ha recalcado que le ha generado importantes daños, tanto económicos como personales, al margen de los legales. “¿Pero qué defensa se va a practicar?”, ha planteado, en alusión a la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.
