Los recientes informes sobre gestión sanitaria, el último de la FADSP, ponen de manifiesto que la privatización sanitaria es más que un hecho consolidado en nuestro Sistema Nacional de Salud. La situación varía en función de la comunidad autónoma a la que hagamos referencia, o al perfil político de su gobierno, entre otras circunstancias, pero la transferencia de recursos públicos a empresas privadas, algunas incluso no sanitarias, forman parte de las partidas de gastos y transferencias corrientes de todos los presupuestos regionales.
Nuestro modelo no es más sostenible, argumento que justificó las primeras privatizaciones. Tampoco es más eficaz ni más eficiente desde el punto de vista de gasto público. Todo lo contrario. Y es algo que ya sabíamos. Fundamentalmente porque el principio de necesidad social de un servicio público y el de rentabilidad económica del negocio privado son incompatibles.
También hemos experimentado el fracaso de los modelos de gestión clínica en el sistema público, al introducir baremos y criterios mercantiles con la excusa de la mejora de la calidad de la atención. Pero también sabemos que, en el contexto internacional, la relación coste-efectividad del sistema público español es mejor que en otros sistemas mixtos como el alemán o el francés. Por supuesto, el modelo privado no es mejor en cobertura sanitaria y efectividad. Todos resultan más caros y con peores resultados en salud.
De la experiencia cercana de comunidades autónomas con mayores niveles de privatización, como Cataluña, Madrid o Valencia, frente a las de sistema público, se constata esa realidad de que no han sido mas eficientes, sino al contrario. Los modelos básicos de conciertos y convenios de servicios sanitarios, dirección de centros en formato fundaciones o empresas públicas, modelos de construcción y servicios no sanitarios y la privatización de la gestión de centros y áreas sanitarias han convertido la gestión de un derecho tan básico como el sanitario en un embrollo jurídico y administrativo, de tal magnitud que ni los propios gobiernos, y no digamos la oposición, son capaces de conocer al detalle el nivel de gasto y privatización, como han denunciado incluso distintos documentos de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Múltiples informes públicos, incluso alguno privado, han puesto en evidencia que la construcción de hospitales siguiendo el modelo alemán ha supuesto multiplicar por cinco o por siete el coste directo, afectando luego a la capacidad inversora de la comunidad en los años posteriores. Asimismo, la privatización de la gestión del modelo Alzira era conocida por renegociar los términos del convenio sin riesgo moral alguno y seleccionar riesgos, pasándole los procesos más complejos a los centros públicos.
La situación actual ha venido a demostrar que la crítica y la defensa de la gestión pública expresada en las recientes movilizaciones profesionales y ciudadanas eran correctas y no solo obedecían a razones de principios. La conclusión lógica es la de revertir los centros y las áreas en manos privadas y su gestión a manos públicas, estableciendo para ello un calendario.
Cabe preguntarse si contaron las privatizaciones y la transformación de derechos en negocio con intereses espurios de responsables públicos. Es, sin duda, una cuestión a investigar, depurando las consiguientes responsabilidades. En nuestro sistema hay organismos e instituciones con capacidad para evaluar y auditar las devastadoras consecuencias de eficiencia económica pública con la aplicación de este tipo de modelos: Inspecciones del SNS, Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, Tribunales de Cuentas, etc.
Lo cierto es que nuestro país vive un contexto de cambio político. Y el Gobierno de Sánchez no debería perder la oportunidad, igual que ha hecho en otras áreas, de transmitir el ánimo y la apuesta de empezar a trabajar con las comunidades autónomas por la vuelta a un modelo sanitario universal, público y de la máxima calidad.
En el horizonte está la reversión a lo público del derecho a la Sanidad Pública como un derecho fundamental y parte dogmática de derechos y libertades de nuestra Constitución. Pero mientras se debería empezar por tratar de evaluar públicamente lo que ha supuesto la privatización, el diagnóstico del sistema (listas de espera en operaciones y pruebas, presión asistencial en muchos territorios, falta de profesionales, etc.) y empezar a modificar la normativa que dio pie en muchas administraciones autonómicas a privatizar el sistema, algunas entrando como un elefante en cacharrería, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo un sistema que una vez fue modelo en todo el mundo y que todavía estamos a tiempo de remontar.
Gaspar Llamazares y Rubén Bejarano. Promotores de Actúa.
