El movimiento vecinal avisa que los desalojos exprés no frenarán la ocupación mafiosa

Viviendas
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La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) rechaza contundentemente la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aprobó el martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y que da luz verde al desalojo exprés de viviendas particulares ocupadas. Y lo hace porque entiende que “se trata de un texto absolutamente incompleto, que pone el foco en ciertas consecuencias del problema de la vivienda, olvidándose de sus causas. Además, resulta de dudosa utilidad para frenar el fenómeno de la ocupación mafiosa”.

La federación vecinal explica en un comunicado que no les gusta esta reforma porque “castiga a los ocupantes, la parte más débil de la ecuación” y sin embargo, “no contempla medidas para hacer frente a los grupos mafiosos y tampoco para corregir ciertas fallas de la Administración que facilitan las ocupaciones”. Y apunta que en este punto, “sería recomendable, por ejemplo, que la ley obligara a las administraciones a poner en disposición de las familias legales adjudicatarias de forma inmediata o muy rápida aquellas viviendas públicas que se queden vacías”.

Recuerdan desde la entidad vecinal que “la ocupación mafiosa es una realidad que, a diario, padecen miles de vecinos y vecinas de algunos barrios populares de la capital y de otras localidades de la región, convirtiendo su día a día en un auténtico infierno”. Y saben de lo que hablan ya que se trata de un fenómeno que la FRAVM lleva más de tres años denunciando y que está generando problemas graves que requieren de una solución urgente.

Por ello insisten en que la Administración “debería actuar contra los grupos que la promueven, que no solo obtienen lucro con viviendas vacías a costa de familias vulnerables sino que amenazan, amedrentan e incluso agreden a otros vecinos y vecinas, usan los espacios comunes como si fueran de su exclusiva propiedad, y no respetan las normas más básicas de convivencia”, Y se quejan de que “por desgracia, no hay nada en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil dirigido a resolver este grave problema”.

Además, destacan que resulta “paradójico” que la nueva propuesta legislativa deje fuera “a las ocupaciones de viviendas propiedad de bancos, grandes especuladores y fondos buitre que, hoy por hoy, son la base principal, junto a las ocupaciones de vivienda pública, del fenómeno mafioso”. Recordando haber repetido “hasta la saciedad” que, a su juicio, “una manera realmente eficaz de combatir este problema pasa por impedir que los inmuebles se queden vacíos, ya sea a través de incentivos o incluso de multas en el caso de grandes tenedores, o de una gestión realmente eficiente en el caso de los pisos públicos, algo que no sucede desde hace tiempo en la Comunidad de Madrid”.

Más derecho a la vivienda

Asimismo, desde la FRAVM subrayan que, en su opinión, la mejor ley anti ocupaciones es aquella que garantice el derecho efectivo a una vivienda digna, sostiene la federación.

“Nadie ocupa una vivienda ajena por gusto. La mayoría de las personas que lo hacen, dada su precariedad económica, tienen enormes dificultades para acceder a una casa en el mercado pero también a una vivienda pública del exiguo parque de viviendas de la Administración.

Recrimina que los legisladores parecen haber obviado este contexto y, “una vez más, corren el riesgo de castigar a las familias más vulnerables, reforzando el derecho a la propiedad frente al derecho a disponer de una vivienda digna. De hecho, la nueva norma no contempla ninguna garantía de alojamiento para los hogares que serán desahuciados, aunque se encuentren en riesgo de exclusión social. Tal y como sostiene la propia ONU, no se pueden concebir expulsiones de familias sin alternativa habitacional”.