Una cabeza humana en un contenedor de basura allá por Santiago de Cuba, dos muy peligrosos reclusos que en plan Papillon fugados de la prisión provincial de Ciego de Ávila y un extranjero en calidad de residente permanente que encima de un Audi arremetió contra varias personas en la capital causándole la muerte a una mujer embarazada y heridas a otros tantos, fueron incidentes recientes que avivaron el criterio popular acerca de la inseguridad con que vivimos en la isla.
Tres casos que los medios oficiales junto a notas del Ministerio del Interior en las redes sociales fueron dados a conocer a la población con la buena nueva que prácticamente en horas encontraron efectiva solución policial.
En el caso del homicida encima del Audi es de criticar que el Minint no haya informado nombre y nacionalidad del ebrio agresor hasta hoy día tal vez por indicaciones de carácter político y no propiamente por estilo policíaco. El silencio ha despertado numerosas dudas y rumores incluso de apañamiento por intereses mayores.
En los otros dos casos quedó demostrada la profesionalidad de los oficiales en la captura de los prófugos asesinos y el esclarecimiento del sorprendente ajuste de cuentas al estilo del narco Pablo Escobar en esa comunidad santiaguera.
Todo esto cuando reina el aumento de la actividad delictiva a la par del tenue reconocimiento de esta realidad por quienes dirigen la nación desde diversas instituciones.
La policía, que ha sido objeto de las más diversas críticas, en buen y mal sentido, ha ganado puntos de reconocimiento y gratitud en estos tres casos conocidos en momentos en que en honor a la verdad prevalece que no se hace lo suficiente por garantizar la tranquilidad ciudadana ante la avalancha delictiva con asaltos y robos a las dos manos a cualquier hora del día o la noche.
No hay que ser sociólogo ni experto en criminalística para comprender que, junto a otros factores, la actual crisis que padece la isla provoca el aumento de ilegalidades, robos, asaltos y corrupción a todos los niveles. Un problema no sólo de los uniformados que merece clasificar como problema de Estado.
