Además, la letrada de la Administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes.
Respecto a la petición de la parte demandada de que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes del pazo, así como de que se prohíba su divulgación, el juzgado otorga a las partes un plazo de diez días para indicar si están conformes con esta solicitud o presenten alegaciones.
La resolución atiende a la petición hecha por los Franco en un escrito presentado por sus letrados este lunes después de que la Sección Tercera Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito mobiliario a favor del Estado.
Sobre los bienes existentes, los Franco ya han adelantado su voluntad de retirar todos, incluidos los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), aunque en este caso tendrían que pedir autorización a la Xunta.
Recientemente, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reivindicó tanto las estatutas Mestre Mateo como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán como bienes «de Galicia» y avanzó que la Administración autonómica ejercerá su marco competencial con el objetivo de que queden en esta autonomía.
Sin efecto el auto del juzgado
Con la decisión adoptada por la Audiencia de A Coruña al estimar el recurso de la familia del dictador –que ahora deberá ser «indemnizada» por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación–, se dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.
Los magistrados dejaron abierta, no obstante, la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.