“Visto para sentencia y despejen la sala”, ha dicho el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, poniendo así fin a un juicio que se ha desarrollado en seis sesiones repartidas en dos semanas en las que han comparecido más de 40 testigos, además del propio García Ortiz y de González Amador, recoge Europa Press.
El juicio se ha centrado en la presunta filtración a la SER la noche del 13 de marzo de 2024 por parte de García Ortiz del ‘email’ que el 2 de febrero de ese año la defensa de González Amador envió al fiscal del caso, Julián Salto, ofreciendo que reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de evitar la cárcel.
No obstante, también se ha puesto el foco en la nota de prensa emitida a las 10:22 horas del 14 de marzo de 2024 por la Fiscalía para desmentir una información publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo por El Mundo, donde se decía que era Salto quien habría tomado la iniciativa de llegar a un acuerdo de conformidad.
Por estos hechos, que han fluctuado a lo largo de la investigación y también del juicio, el fiscal general se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y el pago de más de 400.000 euros, entre multa e indemnización.
“El fiscal general del Estado es inocente”
“El fiscal general del Estado es inocente”, ha fijado el abogado del Estado José Ignacio Ocio, en su informe final, donde ha justificado el comportamiento de García Ortiz la noche de autos ante la “gravedad” de las acusaciones lanzadas en dicha información contra la Fiscalía.
Además, ha apuntado a González Amador como el primer responsable de revelar a los medios de comunicación, en una conversación de la mañana de ese 13 de marzo con el periodista que firmó la citada pieza, la existencia de negociaciones de conformidad, según la citada agencia.
“Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado”, ha alegado, para remachar que los “actos propios” son “un elemento delimitador” de “cuándo un secreto pierde ese carácter”.
Por contra, las acusaciones, encabezadas por el abogado que representa a González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, han sostenido que hay indicios suficientes y “prueba directa” de que García Ortiz fue quien filtró el ‘email’ del 2 de febrero.
Según su razonamiento, lo facilitó a la prensa aquella noche buscando una “cobertura legal” para al día siguiente poder emitir una nota de prensa donde se decía que el empresario reconocía los delitos fiscales por los que se le investigaba.
“No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena”, ha denunciado la acusación particular.
Rodríguez Ramos ha aseverado que eso le convirtió también en “moneda política” bajo un “relato institucional” que ha subrayado que se ha ido apuntalando “día a día por el Gobierno”. “Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente”, ha lamentado.
Se trata de “una maquinaria de comunicación” que ha recalcado que le ha generado importantes daños, tanto económicos como personales, al margen de los legales. “¿Pero qué defensa se va a practicar?”, ha planteado, en alusión a la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.
