El juez vuelve a rechazar la imputación de Cifuentes, Aguirre, González y Botella en Púnica

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la petición del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados de citar en calidad de investigados a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, así como a los exdirigentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y la exalcaldesa de la capital Ana Botella en la causa de la trama Púnica.

En un auto del 12 de febrero rechaza el recurso de reforma interpuesto por Granados contra un auto del pasado 5 de diciembre, donde el juez Manuel García Castellón descartaba citar por el momento como investigados a los cuatro políticos madrileños, tras una petición en este sentido realizada en octubre.

En ese primer auto, el magistrado García Castellón le respondía que la citación en calidad de investigado “no es una cuestión baladí” y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formulaba la representación procesal de Francisco Granados.

Según recoge Europa Press el juez le recordaba, además, que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.

Granados, que en un primer momento solicitó que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud tras los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.

En este nuevo auto, el juez desestima el recurso de reforma y mantiene en “su totalidad” lo acordado en el auto del 5 de diciembre, entre otras cuestiones, porque entiende, y de conformidad con lo ya expresado por el Ministerio Fiscal, que las diligencias propuestas son «inútiles y perjudiciales”.

El juez señala que “ha de tratar evitar que se practiquen diligencias que respondan a intereses espurios”. Y añade que en ningún caso lo dispuesto en el auto del pasado 5 de diciembre “ha causado indefensión” a Granados “ni vulnera los derechos de defensa o tutela judicial efectiv”a, ya que la admisión de las testificales interesadas solamente quedan en suspenso hasta que la representación procesal de Granados indique los motivos que justificaría llamarles.

Tras el auto del 5 de diciembre, el letrado de Granados en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, explicaba que pedía la imputación de los arriba mencionados (además del exviceconsejero Borja Sarasola, el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y los exconsejeros Lucía Figar e Ignacio Echeverría) en base a los cargos que han ostentado durante los años que son objeto de investigación y “por posibles competencias inherentes al cargo”.

“¿Por qué a mi representado se le pretenden imputar responsabilidades por ser secretario de campaña, y para los otros, que han ostentado la misma carga, esto no vale?”, se preguntaba su letrado que denunciaba que la batería de diligencias solicitadas no se hacen “caprichosamente” sino para esclarecer los hechos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y por tanto “no son impertinentes ni perjudiciales”.

En el citado auto del 5 de diciembre, el juez también le pidió que detallara los motivos por los cuáles formulaba la petición de que acudieran en calidad de testigos más de una decena de personas, entre ellas la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, y concejales del Ayuntamiento de Valdemoro.

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