Cristina Cifuentes respira con mayor tranquilidad. Según fuentes judiciales consultadas por la agencia EFE, el juez Eloy Velasco ha rechazado, de momento, imputar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De esta manera, el magistrado ha ido en dirección contraria al informe de la Guardia Civil que veía posibles delitos de cohecho y malversación en la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional ha apoyado su negativa en que, de acuerdo con la ley de financiación vigente en el momento de los hechos, únicamente se puede actuar contra los implicados de manera directa. Y es que, según Velasco, esto no ocurriría con Cifuentes, aunque fuese presidenta de la mesa de contratación al tiempo que formaba parte del comité de expertos.
Como han apuntado las fuentes jurídicas a la agencia de noticias, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que la popular tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.
Un estudio de la Guardia Civil donde se señalan a los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco. Según los agentes de la UCO, el procedimiento se articuló “a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones”.
Y entre esas personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes. El hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es una “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación”.
