Ana Botín, presidenta de Banco Santander
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha suspendido la declaración como testigo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el caso que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.
La citación de Botín estaba prevista para el próximo 28 de mayo, pero el pasado día 14 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 la suspendió, sin nueva fecha, por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Unos días después de la comparecencia de Botín, el 4 de junio, estaba citado el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique, si bien el magistrado también ha decidido suspenderla, según las fuentes consultadas.
La instrucción del caso del Banco Popular había entrado en la fase de testificales cuando entró en vigor el estado de alarma por la pandemia. Así, justo un día antes de que se aprobara el decreto, y ante las alertas sanitarias sobre el covid-19, Calama suspendió sin nueva fecha las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos.
El primero estaba citado el 18 de marzo y el segundo, el 2 de abril. Casi dos meses después del primer decreto, y visto que los plazos procesales continúan suspendidos y la actividad judicial está muy limitada, el instructor también ha decidido aplazar ‘sine die’ las comparecencias de Botín y Echenique.
Botín estaba citada debido a que el Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional.
El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables de 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
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