El juez rechaza liberar a Ignacio González y confirma que aumentan los indicios en su contra

La Audiencia Nacional constata que, según avanza la investigación del caso Lezo, “se desprende que Ignacio González ha podido tener un papel decisivo y necesario en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales investigados en la trama de corrupción en torno al PP de Madrid y el Canal de Isabel II.

El juez Manuel García-Castellón confirma así mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza, a González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en la operación Lezo desde el pasado 21 de abril.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida. En concreto, el sucesor de Esperanza Aguirre en los Gobiernos del PP en Madrid recurrió a la “avanzada edad” y “movilidad reducida” de sus padres para pedir la puesta en libertad condicional. También se refería, hace menos de dos semanas, al “grave deterioro físico y psíquico” que le producía la estancia en prisión.
Las penas que conllevan estos delitos, afirma el juez en su auto, ya justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo contrario, «asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa».

Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con «una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga».

El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de prueba. En este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar a esas fuentes de prueba.

Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que se mantienen todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa necesariamente por mantener la medida adoptada, no siendo éste el momento procesal para variarla, pues las nuevas pruebas recabadas desde que se acordó la misma «patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito».

El mismo juez, no obstante, rebajaba hace unos días la fianza de Pablo González, hermano de Ignacio González, de 4 millones de euros a 200.000. Una rebaja sustancial del 95%, que permitió al hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid salir de la cárcel con menor esfuerzo económico del planteado inicialmente.

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