En un auto, García Castellón rechaza así la declaración de Iglesias como investigado, una vez perdida su condición de aforado, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y de falso testimonio que había pedido la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, una diligencia a la que se había opuestos la Fiscalía Anticorrupción.
El juez explica que la diligencia interesada no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado en resolución de 1 de marzo, conforme a lo ordenado por el Supremo en el auto de 27 de enero, cuando se acordó recabar un informe pericial informático sobre la tarjeta de memoria facilitada por Bousselham. Tras lo cual se practicarán, además, las diligencias señaladas en la referida resolución, que aún no se han practicado pues está pendiente el mencionado informe pericial.
“De este modo la declaración del Sr. Iglesias resulta en este momento precipitada, en la medida en que no se ha aportado ningún indicio nuevo distinto de los que fueron valorados en su día por el Alto tribunal al pronunciarse sobre la exposición razonada”, concluye el instructor.
