Pablo Iglesias, secretario general de Podemos
El juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ya tiene sobre la mesa el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas que ve «indicios sugerentes de responsabilidad penal» en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Las irregularidades detectadas tienen que ver con la facturación de servicios de Neurona Comunidad S.L. con la que se contrató para dicha campaña.
El documento del tribunal de cuentas, según ha confirmado Europa Press, fue remitido por el fiscal de Cuentas a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, que tras valorar su cometido lo ha encontrado de interés para la causa que mantiene abierta el juez Escalonilla y en la que se tiene por investigado al partido liderado por Pablo Iglesias.
Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por un exabogado de la formación morada, José Manuel Calvente, que apunta diferentes irregularidades que pasan por la facturación de servicios en las campañas, las obras en la sede o la existencia de salarios por encima de lo estipulado en las normas éticas del partido.
La Fiscalía de Madrid, sin embargo, ya apuntó a principios del presente mes en un informe que el juez únicamente debía seguir adelante con su investigación en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting, y al que aludía precisamente el Tribunal de Cuentas en el informe que ya se encuentra a disposición del juez. Otras irregularidades apuntadas por Calvente fueron tachadas por el Ministerio Público de meras conjeturas carentes de indicios.
FRAUDE ELECTORAL Y FALSEDAD
En el documento ya aportado, el fiscal del tribunal de cuentas Miguel Ángel Torres apunta dos tipos de delitos -fraude electoral y falsedad en documento mercantil- en los servicios facturados a Neurona al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.
Dado que el Tribunal de Cuentas carece de competencia para el conocimiento de tales infracciones penales, el fiscal interesó la expedición del denominado «testimonio de particulares», lo que significa que debe remitir el asunto a un fiscal de la justicia ordinaria para que determine si el asunto debe ser llevado o no a los tribunales. En este caso, la Fiscalía de Madrid ha determinado que el análisis del fiscal de Cuentas debe ser aportado al juez.
Para el fiscal, un total de 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A «no tienen consideración de gasto electoral» y por ello no han sido admitidos como «susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales», apuntando a un posible contrato simulado.
INFORME DE FISCALIZACIÓN
En su informe de fiscalización sobre los gastos electorales del 28-A el Tribunal de Cuentas ya señalaba sobre Neurona que Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado «»suficientemente acreditada su efectiva elaboracion por parte del proveedor».
Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto en concreto, que debía aportar un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar, y se valoró económicamente cada uno de los conceptos de facturación.
«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado», señalaba el informe del Tribunal de Cuentas.
De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, «no coincidiendo su objeto social con la presentaciones contratadas», según el Tribunal de Cuentas.
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