El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. (Foto: FGE)
En un auto notificado este mismo jueves, recogido por Europa Press, el instructor cita también como testigos a los responsables de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía General del Estado para el próximo 21 de enero.
El magistrado pretende que dichos testigos expliquen las comunicaciones que mantuvieron la noche del 13 de marzo, antes de que la mañana del 14 se publicara la nota de prensa en la que la Fiscalía daba cuenta del cruce de correos entre la defensa de González Amador y Salto para esclarecer un «bulo» publicado en la prensa.
Hurtado fija estas declaraciones después haber recibido los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se analiza la información incautada en los registros practicados el pasado 30 de octubre en el despacho de García Ortiz y en el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; así como el informe relativo al contenido del móvil aportado voluntariamente por el ex líder del PSOE de Madrid Juan Lobato tras su declaración como testigo.
El instructor ve pertinente tomar declaración como testigos a Lastra y Salto antes de escuchar como investigados a García Ortiz y a Rodríguez. Y recuerda que ambos cargos de la Fiscalía madrileña declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de que la causa quedara en manos del Supremo. No obstante, insiste en que conviene oírles aunque alguno pueda «reiterarse en alguno de los aspectos».
Cabe recordar que Salto es el fiscal de Madrid que lleva el caso de González Amador por presuntos delitos fiscales y quien intercambió correos electrónicos con el abogado del novio de Ayuso para llegar a un posible acuerdo. Es precisamente por la supuesta filtración de estos correos que se investiga al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa provincial de Madrid.
Lastra, por su parte, habría hablado casi siete minutos por teléfono con Rodríguez la noche del 13 de marzo, según apuntó la UCO en uno de sus informes. El instructor, además, señala en su auto que «conviene» que «aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado».
Estas diligencias se enmarcan en la investigación que dirige el Supremo a raíz de la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso por una nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos entre su defensa y el fiscal de delitos económicos de Madrid.
El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en ‘El Mundo’, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.
Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los ‘emails’ a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.
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