Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practiquen una prueba pericial y analicen los datos de los móviles que fueron obtenidos de los teléfonos del presidente y vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, respectivamente, para determinar qué juez alertó a los integrantes de la trama ‘Púnica’ de que estaban siendo investigados, según un auto del que informa vozpopuli.com.
El instructor del ‘caso Lezo’ toma esta decisión antes de enviar sus pesquisas al juez de Madrid que investiga el soplo, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que es competente por decisión del Tribunal Supremo.
Según una de las grabaciones del ‘caso Lezo’, Ignacio González le dijo al exministro Eduardo Zaplana que Casals le había contado que el presunto testaferro Edmundo García Sobrino estaba «acojonao», ya que sabía que les estaban grabando. Y sobre la persona que le había alertado explicó: «Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha ‘llamao’ para decir ‘oye, cuidao que han ‘grabao’ una conversación de Edmundo muy extraña».
Vozpopuli.com afirma que García-Castellón, “que en todo momento defendió que la investigación sobre la presunta delación no debía formar parte del ‘caso Lezo’, y que por tanto otro juez debía encargarse de este caso, aportará al juez García de Dios toda la información disponible en la Audiencia Nacional”.
Recuerda que el magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro había archivado la causa abierta en un auto de 30 de enero de 2018, en el que el instructor informaba de que tras las actuaciones practicadas no existían «motivos suficientes para atribuir» la comisión de un delito de revelación de secretos a «persona alguna determinada».
Explica que “pese a archivar el caso, el juez de Madrid solicitó al Decanato que le diera autorización para investigar a Mauricio Casals por un delito de desobediencia a la Justicia «al negarse a facilitar a la autoridad judicial el nombre de la magistrada que le avisó de que el señor Ignacio González estaba siendo investigado», tal y como adelantó el diario EL Español.
Y señala que Ramiro García de Dios Ferreiro considera que Mauricio Casals debe ser investigado por dos delitos contra la Administración de Justicia: el de falso testimonio, castigado con la pena de multa y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, y por el de desobediencia grave a la autoridad.
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