En una exposición razonada enviada al alto tribunal, Peinado considera que la competencia para continuar la instrucción de la causa correspondería al Supremo, ya que “podría existir indiciaria responsabilidad penal” por parte de Bolaños “en conexión con otras personas no aforadas” en torno a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
“La investigación indiciariamente permite concluir que Cristina Álvarez ha sido nombrada, como personal eventual, con funciones de directora de Programas para asistencia” de Gómez “de carácter estrictamente privado al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario, que pudiera tener por su condición de esposa del presiente del Gobierno, todo ello, percibiendo retribuciones con cargo al Patrimonio Público”.
Además, le atribuye un delito de falso testimonio, en relación a su propia declaración ante el juez. “Bolaños no ha contestado a la verdad, que conocía, en su testimonio prestado bajo juramento como testigo en su declaración del día 16 de abril del presente año”, le recrimina Peinado.
