El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha solicitado a Triodos Bank que le informe sobre todas las transferencias realizadas a la consultora política Neurona desde una cuenta de Podemos en la que su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, figura como apoderado, en el marco de las pesquisas por las presuntas irregularidades en las finanzas del partido.
«Remítase oficio a Triodos Bank, a los efectos de que por parte de dicha entidad bancaria informe sobre la totalidad de transferencias efectuadas desde la cuenta bancaria ES06 1491 0001 21 2147116822, titularidad del partido político Podemos, a la mercantil Neurona Comunidad S.L. durante los ejercicios 2019 y 2020», ha ordenado el juez Juan José Escalonilla en un auto dictado el 27 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta cuenta bancaria es una de las identificadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como origen de los pagos efectuados por Podemos a Neurona por el contrato suscrito para las elecciones generales y autonómicas de abril y mayo de 2019. En total, la UDEF señaló al juez cinco cuentas en distintos bancos titularidad tanto de la formación ‘morada’ como de la coalición electoral Unidas Podemos desde las que se pagaron más de 425.000 euros a la consultora política.
El grueso de ese dinero corresponde al pago del contrato para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por 363.000 euros. La última transferencia, de acuerdo con el informe de la UDEF, se realizó el pasado 28 de enero desde la cuenta de Triodos Bank en la que aparece Echenique por un valor de 2.420 euros y que ordenó efectuar la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Carolina Alonso.
Escalonilla ha accedido así a las diligencias de investigación solicitadas por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que ejerce de acusación popular, para determinar si ha habido más transferencias desde esa cuenta bancaria a Neurona.
En estos momentos, la cuestión electoral constituye el núcleo de la investigación dirigida por Escalonilla, que ve «indicios racionales» acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado», sino que habrían sido contratos simulados para ocultar «una distracción de dinero» de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral, según ha expuesto en autos anteriores.
El juez también ha accedido a tomar declaración como testigo a Tirso Nohales Escribano, al que Pro Lege identifica como el cámara que grababa para Podemos las campañas electorales y cuyo trabajo se habría solapado con el contratado con Neurona, para que aclare este extremo. Escalonilla lo ha citado para el próximo 21 de diciembre a las 10.00 horas.
Pro Lege había pedido igualmente que se tomara declaración a Eric Alberto Guerrero, alias ‘El Colibrí’, un mexicano vinculado a Neurona Consulting –la matriz mexicana de Neurona Comunidad– porque asegura que fue contratado por Podemos a través de Juan Carlos Monedero y estima que puede esclarecer el hecho controvertido de las presuntas comisiones. En este caso, el juez ha reclamado a Pro Lege que «aclare y acredite la información determinante de su proposición como testigo», tras lo cual decidirá si le llama a declarar.
Escalonilla ha rechazado las otras dilgencias solicitadas por esta acusación popular el pasado 18 de noviembre, entre ellas que se tomara declaración a Denis Thomas Maguire como responsable financiero de Podemos que supervisaba las donaciones del partido a la Caja de Solidaridad, algo a lo que no ha lugar porque el juez ya ha archivado la causa en lo tocante a la llamada ‘Caja B’.
Pro Lege había solicitado asimismo a Escalonilla que interrogara como testigo a Nuria Julbe Linares, la arquitecta que reformó la vivienda familiar del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el municipio madrileño de Galapagar.
La Asociación de Jurista Europeos lo consideraba necesario porque tanto José Manuel Calvente como Mónica Carmona, ambos ex abogados de Podemos que aseguran que fueron despedidos por investigar estas supuestas irregularidades, han afirmado –el primero como denunciante y la segunda como testigo– que Julbe Linares fue quien propuso al arquitecto Manuel Campos García para encargarse de la obra de la nueva sede nacional del partido.
Calvente y Carmona han advertido sobre posibles irregularidades en la concesión de los contratos para las obras de la sede, indicando que se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por más de 1,3 millones de euros. El juez ya ha tomado declaración al arquitecto y a seis empresas contratistas en calidad de testigos.
Sobre la citación de Julbe Linares, Escalonilla no la ha visto necesaria «al haber resultado suficientes las declaraciones prestadas por los representantes legales de las diversas mercantiles contratadas por Podemos para la ejecución de la obra de rehabilitación de su sede sita en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid», resuelve el auto.
Pro Lege pretendía además que el juzgado de instrucción 42 requiriera tanto a Podemos como a Iglesias información sobre las empresas que trabajaron en las dos obras para confirmar si son las mismas o si tienen relación entre ellas, pero Escalonilla la ha denegado al resultar «ajeno» a la causa las obras en la vivienda, siendo lo «determinante» comprobar que las obras que se hicieron en la sede equivalen al importe pagado por el partido.
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