Puigdemont acusó a Llarena de ignorar la reforma penal mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pedían sumar a esos dos delitos –desobediencia y malversación agravada– el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
En una resolución del pasado 12 de enero, Llarena eliminó el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont, pero mantuvo el de malversación –que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación– e incluyó el de desobediencia –que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años–. Además, dejó sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque decidió mantener la orden de busca y captura nacional.
