Fiscalía y las acusaciones populares que dirige el PP piden al Supremo que envíe a prisión provisional a Cerdán
De esta forma retomará el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, las declaraciones en la causa en la que indaga si Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol cometieron presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, recoge Europa Press.
La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.
El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.
También constan en la causa otras reuniones de Díez, como una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa; o la organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.
El juzgado a cargo del caso acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y el fiscal de Anticorrupción José Grinda.
También el fiscal Stampa aportó grabaciones de la reunión que mantuvo con Díez junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como “mano derecha” de Cerdán y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, aseguró.
Zamarriego investiga si Díez lideraba una “actuación delictiva, continuada y coordinada” para “recabar información comprometida o irregular” de instituciones estatales con el fin de “anular o malbaratar” sus investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según la citada agencia.
Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.
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