begoña gómez
La resolución del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid fija que Gómez deberá comparecer como investigada el 11 de septiembre a las 10.30 horas, mientras que Álvarez lo hará un día antes, el 10 de septiembre a las 11.00 horas.
El juez ya había comenzado a indagar en la presunta malversación vinculada a la contratación de Álvarez, aunque hasta ahora no había imputado formalmente dicho delito a la esposa del presidente. La decisión supone un paso más en un procedimiento que ha ido sumando acusaciones en los últimos meses.
La imputación por malversación se añade a las pesquisas por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos por los que Gómez fue citada con anterioridad. El auto judicial subraya que existen indicios suficientes para que declare en calidad de investigada.
La citación judicial coloca de nuevo en el foco político y mediático a la esposa del presidente, que deberá responder por un abanico de delitos que se amplía con el de malversación
El instructor también ha acordado citar como investigada a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, cuya contratación está en el centro de la investigación. Aunque ya declaró en una ocasión, la Audiencia Provincial de Madrid anuló aquel interrogatorio, lo que obliga a repetir la comparecencia.
De esta manera, Álvarez deberá comparecer un día antes que Gómez, lo que permitirá al magistrado contrastar sus versiones sobre la contratación y el papel desempeñado en Moncloa.
El juez pretende esclarecer si en la incorporación de Álvarez a Moncloa se produjeron irregularidades con fondos públicos
La nueva imputación llega en un momento de alta tensión política, en el que la oposición ha utilizado la investigación judicial de Begoña Gómez como arma contra el Gobierno. Desde el PSOE se insiste en que se trata de una persecución política y mediática, mientras que desde el PP, Vox y otros partidos de la oposición se reclama que Pedro Sánchez dé explicaciones inmediatas en el Congreso.
El caso seguirá avanzando en septiembre, cuando las declaraciones de Gómez y Álvarez puedan aclarar el alcance de las sospechas sobre malversación de caudales públicos y su posible relación con la gestión de la presidencia del Gobierno.
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