El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 también ha sentado en le banquillo de los acusados a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como a Félix José García de Castro.
El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Según explicaba De la Mata, el ex consejero y los directivos investigados «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».
«En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial», dijo De la Mata.
Pedraz, que ha apuntado a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano competente para juzgar estos hechos, ha dado de plazo hasta el 21 de septiembre a las representaciones de los acusados para presentar sus escritos de defensa.
Además, ha instado a los acusados y a los responsables civiles a que, en el plazo de quince días, entreguen una relación de los bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias, conjunta y solidariamente por un total de 40 millones de euros.
