El instructor desestima en el auto una serie de diligencias solicitadas por la acusación particular en nombre de Alberto González Amador y de la acusación popular de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, tras las declaraciones prestadas como testigos por Sánchez Acera y por el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, y que pedían indagaciones sobre terminales móviles de ambos, y de otros dirigentes y empleados del PSOE como Santos Cerdán o Antolín Llorente, además de la citación a testificar del jefe de Gabinete de Juan Lobato.
El auto argumenta que las diligencias pedidas irían encaminadas a averiguar el posterior recorrido que tiene el correo de 2 de febrero de 2024 desde que llega a manos de Pilar Sánchez Acera, lo que entiende que “ninguna relevancia tiene en orden al objeto de investigación, porque, descartada una eventual participación de ella en la presumible filtración del secreto”, “huelga extender la investigación sobre aspectos que solo aportarían información respecto de ese posterior recorrido”.
