El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Popular‘ suma una nueva imputación a la lista de investigados, y lleva ya seis en menos de siete días. Este jueves, el magistrado José Luis Calama ha parado la testifical que practicaba al que fuera director de Admisión de Riesgos del Banco Popular Carlos Fernández para anunciarle que le llamaría en febrero pero esta vez como investigado.
Fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, consultadas por Europa Press, han explicado que el interrogatorio ha sido breve ya que si estaba programado para las 9.00 horas, a las 10.00 horas ya había finalizado con la decisión del magistrado de suspender.
El motivo para que el juez haya cambiado de opinión y decida imputarlo habría sido, siempre según estas fuentes, que Fernández como responsable de Riesgos de la entidad no veló por que se llevara a cabo algún tipo de medida para controlar que no se financiara a clientes para que adquirieran acciones durante la ampliación de capital de 2016.
La escena vivida esta mañana en la Audiencia Nacional ha sido prácticamente la misma que se vivió el jueves de la semana pasada cuando la fuera directora de Auditoría Interna del Banco Popular Yolanda García Cagiao, que declaraba en calidad de testigo en relación a las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017, salió finalmente como imputada tras haber declarado durante menos de una hora.
Rodríguez, durante su comparecencia, ha sido preguntado por las tasaciones de los activos del banco y por los aprovisionamientos, pero según fuentes consultadas habría señalado que si bien tenía poco conocimiento sobre esos puntos sí que le constaba que había tasaciones que eran antiguas.
Tras dar por finalizado el interrogatorio, Calama le ha señalado a Fernández que cuando regrese en febrero como investigado le preguntará por lo declarado el pasado martes por el que fuera vicesecretario del consejo de administración del Banco Popular Heraclio Peña, quien señaló que Fernández le confirmó que recibió propuestas para financiación de acciones y que recordaba en particular una del Grupo Villar Mir. Calama ahora quiere conocer cuál habría sido el nivel de intervención de Fernández en esa operación.
Cabe recordar que el magistrado acordó el pasado viernes imputar a otros cinco exdirectivos de la entidad precisamente por presuntos delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a la financiación a clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016.
Explicaba en su auto que uno de los hechos investigados en esta causa es la presunta financiación facilitada por el Banco Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, «ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio». Esto habría permitido que no supusiera una carga excesiva para el capital del banco, y a la vez se habría traducido en una menor carga fiscal para el cliente.
Fuentes jurídicas consultadas indican que este hecho de financiar la compra de acciones no sería ilegal en la medida en que el banco en la ampliación y contablemente hubiera reflejado esa financiación y la descontara del capital regulatorio. Sin embargo, otras fuentes del caso apuntan a que en el manual de contabilidades y riesgos de la entidad aparecía esta práctica como conducta prohibida.
En esta causa se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. El juez investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
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