Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de la ‘Caja B‘ del PP, José de la Mata, ha acordado que se entreguen a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fical (UDEF) los cinco contratos que se firmaron con la empresa Degremont por valor de más de 23 millones de euros para la gestión indirecta de estaciones depuradoras en febrero de 2008, siendo Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid.
En un auto de 25 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado se hace eco del informe presentado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de 13 de noviembre en el que se proponen nuevas diligencias a partir del contenido de la conversación regitrada entre el gerente de la empresa pública Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, y el empresario propietario de Degremont SA, Rafael Palencia, sobre la contratación por parte del Canal de Isabel II de la gestión de aguas residuales periféricas en 2008.
La UDEF de hecho pide al juez requerir a la responsable de la secretaria técnica del canal el expediente de contratación mediante concurso de hasta cinco lotes –Grupo Alcalá Este, Grupo Alcalá Oeste, Grupo Sotogutierrez, Grupo Guadarrama Medio y Grupo El Plantío– por un tiempo de 2 años y por un importe de 23,5 millones de euros más IVA.
En concreto, el juez quiere que la policía judicial pueda analizar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas, la oferta presentada por Degremont SA, las actas de la mesa de contratación y el informe de valoración de las propuestas, la resolución de adjudicación, y la certificación de las actuaciones en las que intervino Ildefonso de Miguel.
En su auto, el juez recuerda que en esta causa se investiga si los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta junto al cabecilla de la Gürtel Francisco Correa «definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilicitamente para el PP y para ellos mismos a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de proveedores de tales fondos».
Indica que con tal fin se pusieron de acuerdo con distintos empresarios «para que realizaran entregas de fondos en la sede del PP en calidad de aparentes donaciones». Y añade que a cambio se facilitaba por parte de Lapuerta y Bárcenas «contactos directos» con el responsable político que tenía poder sobre determinadas adjudicaciones públicas.
«Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación», dice el juez.
Y vuelve al caso de las depuradoras para indicar que del contenido del informe de la UDEF y en concreto de la conversación entre el empresario de Degremont Rafael Palencia e Ildefonso de Miguel es «pertinente» acordar diligencias de investigación sobre el expediente concreto con referencia 05/2008.
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