Audiencia Nacional

El juez deja en libertad a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y a Antxon Alonso, pero les retira el pasaporte

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Son las medidas que ha solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la Audiencia sobre las 13.42 horas.

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según la citada agencia.

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados “con total colaboración”, agregando que “fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos”.

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

 

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