El comisario jubilado José Manuel Villarejo (i) acompañado por su abogado, Antonio García Cabrera, a su salida de la Audiencia Nacional - Óscar Cañas - Europa Press
También solicita el bloqueo de cualquier cuenta que tanto él como su hijo, su mujer o su socio tengan en ese país.
En un auto con fecha de 2 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado recuerda que ya en diciembre de 2017 remitió una primera comisión rogatoria a las autoridades de la República Oriental del Uruguay y a otros países. Solicitaba que se investigara para obtener la documentación bancaria y se bloquearan los activos financieros y los bienes de los investigados, el comisario Villarejo y su entorno cercano que también es investigado.
Indica García-Castellón que desde Uruguay se ha completado parcialmente esta solicitud y de hecho un juzgado de Montevideo bloqueó por dos años los movimientos a la sociedad Participaciones Marvila SA respecto a los inmuebles de los que es propietaria. Se solicitó además que ampliara información sobre una segunda sociedad denominada Topy SA para ver qué conexión tenía con los investigados.
Sobre ésta, el juez dice que al igual que Pierre SRL fue adquirida en 2007 por Central de Criterios Creativos (actualmente Cenyt Consultoria Organizacional) cuyo titular real es Villarejo. Y que según mail intervenido al hijo del comisario, José Manuel Villarejo Gil, se identifica a Topy como propietaria y a Pierre como explotadora del Hotel Don Pepe que está ubicado en Punta del Este (Uruguay).
Ahora, el magistrado en atención a una solicitud de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realizada en enero de este año, y después de escuchar a la Fiscalía Antoicorrupción sobre la misma, interesa nuevas comisiones rogatorias a Uruguay relacionadas con «las ilícitas actividades» del entramado empresarial del comisario Villarejo.
Señala el juez que tiene relación con el denominado ‘proyecto King’, que el comisario, hoy ya en libertad provisional, realizó a cuenta del empresario Francisco Menéndez Rubio. En ese ‘encargo’ el entonces comisario en activo, a cambio del pago de 5 millones de euros, se habría comprometido a facilitar la introducción en el mercado español de dinero recibido por empresarios guineanos «evitando los controles administrativos y policiales».
Y apunta que parte de dichos pagos, «al menos 1.675.000 de euros» fueron satisfechos por Menéndez Rubio desde una cuenta abierta en Suiza por la sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas de nombre Boway Holdings Limited. El juez indica que esa sociedad se nutría a su vez de fondos de procedencia ilícita vinculados a la corrupción en los negocios internacionales, y que el destino de esos 1,6 millones fue las cuentas bancarias abiertas por sociedades controladas por Villarejo y que estaban ubicadas en Reino Unido, Uruguay y Panamá.
García-Castellón indica que de los avances en la investigación, desde esa primera comisión rogatoria, se han ido corroborando indicios y se sabe que se usó la sociedad uruguaya Financiera Uruplán SA (que luego pasó a llamarse Global Sinapsis Investment SL) como destinataria de pagos por contraprestación del proyecto King.
Así, explica que los documentos que se han remitido por parte de Uruguay «reflejan la operativa de blanqueo de capitales mediante aquel flujo transnacional de fondos» y ha permitido a los investigadores tener un conocimiento más profundo de «la estructura societaria, del entramado de cuentas bancarias y de la propiedad de bienes inmuebles de la organización criminal investigada radicados en aquella jurisdicción».
Y añade que, dado que son hechos graves y con el objetivo de hallar pruebas, es necesaria emitir una nueva comisión rogatoria internacional a Uruguay que permita atribuir a los investigados el control real de las mercantiles y de las posiciones bancarias en el exterior, «en su mayor parte en paraísos fiscales o territorios no cooperantes», así como la localización y aseguramiento en esas jurisdicciones de bienes y activos de ilícita procedencia.
Por eso, en esta nueva comisión rogatoria, y atendiendo a lo que solicita la UAI, pide el embargo y decomiso de los bienes y activos financieros de las sociedades creadas por Villarejo allí. En concreto los de cuatro mercantiles y los del comisario, su hijo, su mujer (Gemma Alcalá) y su socio en Cenyt, Rafael Redondo.
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