Juzgados de Plaza Castilla, Madrid
En un auto de 11 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor Juan José Escalonilla ha asegurado que «carece de sentido en el momento procesal actual acordar la incoación de un procedimiento independiente para la investigación del destino dado por el partido político Podemos a las donaciones realizadas por los cargos públicos al Proyecto Impulsa».
La resolución tiene lugar después de que el administrador de Neurona presentara recurso contra la decisión del juez de investigar estas donaciones. A dicho escrito se adhirió la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar que dichas aportaciones no tienen relación con el objeto de investigación de la causa y advirtió que «este procedimiento no se puede convertir en una constante auditoría de las cuentas de Podemos».
El magistrado les ha dado la razón y ha concluido que la investigación relativa al Proyecto Impulsa responde a «hechos distintos al delito electoral objeto de investigación en la presente causa, y en la que se verían implicados personas distintas», por lo que «no cabe apreciar conexidad delictiva».
En el marco del auto, el juez ha explicado que –durante la tramitación del recurso al que ahora da respuesta– Podemos aportó documentación acreditativa de la segunda edición del Proyecto Impulsa, incluidos «certificados de donación» correspondientes a los convenios con asociaciones en 2016.
Según ha precisado, el partido también facilitó otras actuaciones realizadas por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, encargada de gestionar dicha edición del Proyecto Impulsa.
«Y lo que resulta más relevante, se han aportado más de cincuenta ‘certificados de donación’ acreditativos del pago por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia de cantidades de dinero, variables, a diversas asociaciones – APEN Extremadura, ASDEN Soria, SOS Racismo, Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharui de Extremadura*- dentro del Proyecto Impulsa, pudiéndose comprobar además que los pagos les fueron realizados a lo largo del año 2016», ha añadido.
En este sentido, el juez ha concluido que «queda por lo tanto suficientemente acreditado el destino dado a través del Proyecto Impulsa, en su edición 2ª, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, a las donaciones efectuadas por los cargos públicos a dicho proyecto durante el año 2016».
Así, el titular del Juzgado ha determinado que «ante la inexistencia de indicios racionales de una presunta apropiación indebida del dinero donado por los cargos públicos a dicho proyecto, o de una presunta administración desleal del numerario asignado a dicho proyecto» procede acordar el sobreseimiento provisional parcial de la causa.
Con esta conclusión el magistrado archiva la línea de investigación que abrió el pasado 7 de julio a petición de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, quien ejerce acusación particular en la causa, al apreciar «indicios racionales» de que el dinero donado no tuvo un «fin altruista».
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